La Sala del 61 del Tribunal Supremo (TS) ha admitido la recusación planteada por el juez Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que habían sido designados para juzgarle por ordenar la intervención de las comunicaciones en prisión entre los imputados del "caso Gürtel" y sus abogados.

Fuentes del Alto Tribunal han informado de que la Sala del 61 ha aceptado por mayoría la petición del juez de apartar de este procedimiento al presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y a los magistrados Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Manuel Soriano y José Manuel Maza, que debían juzgarle el próximo 17 de enero, al considerar fundadas las sospechas de falta de imparcialidad formuladas por Garzón.

Sin embargo, la sala ha acordado por unanimidad rechazar la recusación de Manuel Marchena, a quien Garzón también quería excluir del juicio, por ser el instructor de la querella interpuesta contra el juez por los cobros que presuntamente recibió del Banco de Santander durante su estancia en Nueva York entre 2005 y 2006.

Tras esta decisión, los magistrados que juzgarán a Garzón serán Manuel Marchena y Joaquín Giménez, que ya formaban parte del tribunal, y, previsiblemente, como ocurrió en la causa de la Memoria Histórica, los otros cinco serán los integrantes de la sala que fue designada suplente mientras se resolvían las recusaciones.

De ser así, entrarían a formar parte del tribunal Miguel Colmenero, Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, instructor este último de la causa abierta contra Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, en la que el inicio del juicio se ha fijado para el 24 de enero.

Además, el Tribunal Supremo ha rechazado la querella por presuntas torturas interpuesta contra el juez Baltasar Garzón por trece personas, que fueron detenidas el 22 de julio de 2008 en una operación contra el "comando Vizcaya" de ETA, al considerar que los hechos denunciados no constituyen delito. Los querellantes responsabilizaban a Garzón de las supuestas torturas que denunciaron tras ser detenidos y trasladados a dependencias de la Guardia Civil, donde -según explica la querella- permanecieron incomunicados y recibieron amenazas y malos tratos.

Según alegaban los denunciantes, Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que coordinó la operación contra el "comando Vizcaya", "no llevó a cabo diligencia alguna para averiguar la realidad de lo sucedido" en las dependencias policiales.

La querella también se dirigía contra la médico forense de la Audiencia Nacional, así como contra el responsable y el secretario de la Guardia civil en aquella operación antiterrorista, aunque en este caso el TS inadmite la denuncia por falta de competencia ya que, a diferencia de Garzón, no se trata de personas aforadas.

En el auto de la sala de lo penal del TS hecho público este lunes, del que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, el tribunal indica que no existe indicio alguno de la existencia de los delitos de torturas, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos que se imputan a Garzón.