La comisión de expertos impulsada por el Gobierno para estudiar el futuro del Valle de los Caídos aconseja que los restos del general Francisco Franco, enterrados en este lugar, sean trasladados "al lugar que designe la familia o el que se considere más adecuado".

Así consta en el informe de la comisión creada para abordar el futuro del Valle de los Caídos copresidida por Virgilio Zapatero y Pedro José González-Trevijano, que han presentado junto al ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, las conclusiones del estudio. La decisión, en cualquier caso, estaría supeditada a que el Gobierno alcance un consenso parlamentario así como la autorización de la Iglesia, al ser la autoridad competente en un lugar de culto.

Esta decisión no ha contado con la unanimidad de los doce miembros de la Comisión, ya que tres de ellos (González-Trevijano, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Feliciano Barrios) han incorporado un voto particular al considerar que deben permanecer en la Basílica.

Por otro lado, sobre José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, el estudio recomienda mantenerlo en el Valle al ser víctima durante la guerra, pero sin ocupar un lugar destacado sobre el resto de fallecidos. "El general Franco es la única persona que sin haber fallecido en la guerra está enterrado en la Basílica", ha recordado uno de los autores del informe.

La Comisión asegura ser consciente de "la dificultad de revertir la situación de estos dos enterramientos. Cualquier actuación del Gobierno dentro de la Basílica exige una colaboración por parte de la Iglesia, quien debe dar la preceptiva autorización para cualquier cosa". En ese sentido, insisten en que el lugar "estaba previsto para los restos de las víctimas de la Guerra Civil".

A partir de ahí, las conclusiones recuerdan que el resto del Valle sí es competencia del Estado por lo que han recomendado llevar a cabo una labor de resignificación del lugar en el que se rinda homenaje a las víctimas de los dos bandos con la creación de un mural con el nombre de todos los caídos en la contienda o un "centro de interpretación" entre otras medidas. Hasta ahora "ha tenido una memoria de parte", han dicho los miembros de la comisión.

Para el traslado de los restos no sería necesaria, sin embargo, la autorización de la familia, aunque sí sería conveniente consultarla, si bien al tratarse ya de restos cadavéricos se puede aplicar la misma normativa de los cementerios y proceder a su incineración una vez que ya ha pasado un tiempo considerable.

En cualquier caso, los miembros de la Comisión mantuvieron un encuentro con la hija del dictador, Carmen Franco, en una reunión "muy cordial y correcta" en la que ésta solicitó que los restos permanecieran donde están, como han explicado los copresidentes de la comisión.

Según esa conversación, Carmen Franco no tenía constancia de que su padre expresara alguna vez su deseo de ser enterrado en el Valle de los Caídos, algo que tampoco escuchó de boca de su madre. La familia Franco tampoco pidió al Gobierno de ese momento que el féretro fuera trasladado a ese lugar, por lo que Carmen cree que fue una decisión del Ejecutivo que entonces presidía Carlos Arias Navarro. Pero es la Iglesia la que debe dar su autorización, aunque por ahora se desconoce su opinión.

Los miembros de la Comisión barajaron dos posibilidades: dejar el conjunto monumental tal y como está, con un grado de deterioro importante, o proponer actuaciones para dignificar la memoria de los 33.847 españoles muertos en la Guerra Civil y allí enterrados, a los que se les debe "respeto sea cual sea el bando en el que lucharon".

Optaron por esta segunda opción y han propuesto, entre otras actuaciones valoradas en total en unos 13 millones de euros, la ejecución de una "potente" intervención artística en la explanada delantera que recuerde a todos los fallecidos. Se llamaría Memoria del Valle e incluiría la inscripción del nombre de todas las víctimas, salvo las de las familias que se opusieran a ello.

Dignificar el cementerio, habilitar un espacio para la meditación de carácter cívico y la construcción de un centro de interpretación en el que se informe detalladamente de su historia son otras recomendaciones. La comisión aconseja mantener el nombre de Valle de los Caídos y la continuidad de la Basílica, en la que debe acometerse obras de saneamiento "inaplazables".

Respecto a la reclamaciones de los familiares de las víctimas, la comisión entiende que les asiste el derecho moral de pedir la devolución de los restos, pero cree prácticamente imposible que se pueda llevar a cabo su identificación dado el deterioro de las criptas y los columbarios.

Para instrumentar estas recomendaciones, la comisión propone convertir la actual Fundación del Valle en un Real Patronato para que la institución pueda depender del Gobierno.

Poco después de que se hiciera público el informe de la comisión de expertos, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos ha definido el dictamen como un "capricho del Gobierno en funciones, que trabaja para producir de nuevo odio y enfrentamiento entre la población civil por temas ya superados".

Según esta agrupación, el grupo de expertos "carece de objetividad", desde su origen y "máxime tras las recientes elecciones generales", porque "no reúne las condiciones" y la "imparcialidad" que las leyes y la Constitución exigen.

Por su parte, Ramón Jáuregui pide al líder del PP y próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "no entierre en el cajón" el informe porque se trata de "un acto de justicia que por lo menos se merecen los enterrados" allí, 33.847 personas víctimas de la Guerra Civil y la represión posterior. Jáuregui ha dejado claro, en nombre de su partido, el PSOE, y no como miembro del Gobierno, su deseo de que se cumpla todo lo que contempla el informe.