Uxue Barkos lidera la nueva coalición Geroa Bai (Sí al futuro). Esta formación navarra está integrada por el PNV, Atarrabia Taldea y los independientes de Nafarroa Bai, constituida después de que Aralar y EA se unieran a Amaiur.

Asegura sentirse con fuerzas para seguir con el trabajo parlamentario tras superar un cáncer: “Estoy bien. He pasado ya el grueso del tratamiento, la quimio y la radio. Tengo fuerzas para estar cuatro años más en el Congreso si los navarros quieren”.

¿Qué expectativas tiene Geroa Bai para el 20-N?

Evidentemente buenas. Algún agorero nos lo pone difícil, pero nuestro objetivo es mantener el escaño.

¿Qué los diferencia de Amaiur?

Hay muchas diferencias. Luchamos con convicción por la defensa de Navarra como sujeto político. Y también defendemos nuestra participación normalizada, en representación de los navarros, en las instituciones de Madrid. Geroa Bai defiende un nacionalismo cívico e institucional, pero también quiere defender, por ejemplo, el precio de los medicamentos, que no solo es un problema navarro. O el sistema de pensiones públicas. No solo vamos a Madrid a defender los temas de vascos y navarros.

El último comunicado de ETA supone la renuncia definitivamente a la violencia, pero quizás ha habido un poco de decepción al no anunciar su disolución ni su desarme.

Esperar una disolución de ETA sin una negociación previa es un error. El proceso será largo y trabajoso, a pesar del pesimismo de muchos. Lo importante es que ha llegado la paz, y desde ahí debemos empezar a construir.

¿Quién debe dar ahora el siguiente paso?

Parece razonable que sea el próximo Gobierno el que siente las primeras bases y hable de negociación. No una negociación política, sino de aquellos temas que hay que atar. Basagoiti [presidente del PP vasco] habló de que si ETA anunciaba el final de la violencia, la dispersión de presos debería ser la primera medida a tratar.

Luego, lo primero que hay que abordar es el tema de los presos.

Mantener la dispersión de presos no tiene sentido. Es un castigo a las familias de los presos. No quiero equipara el dolor y el sufrimiento de nadie. Solo digo que en las actuales circunstancias no tiene sentido.

¿Y qué papel deben jugar las víctimas del terrorismo?

Hay que tener memoria histórica. No hay que olvidarlas. Hay que honrarlas, cuidarlas y atenderlas en todo el proceso que comienza ahora. No son un parapeto para hacer política.

¿La anexión de Navarra al País Vasco debe formar parte de los primeros debates?

Todo es tratable en política, pero la clave es la soberanía popular. Aunque me considero abertzale y vasquista, nunca aceptaría una unión de los siete territorios vascos sin una consulta a la soberanía popular. Y eso que creo que no tenemos ganada la batalla de Navarra e Iparralde [el País Vasco francés], pero debemos hablar de todo.

Hegoalde e Iparralde. ¿Existe un espacio institucional para una representación conjunta de estas dos regiones?

Tenemos herramientas para combatir las imposibilidades de algunos posicionamientos rígidos. Pero más allá de soluciones intermedias, lo mejor es la soberanía popular, la libre decisión, porque mientras ha existido ETA no la ha habido.

La crisis, cómo salir de ella y generar empleo debe ser una de las políticas prioritarias del Gobierno que gane. ¿Cómo puede contribuir un partido minoritario en estas políticas?

Conformando mayorías. Nosotros expresamos posiciones progresistas y de izquierdas, unas posiciones que deben ser capaces de generar empleo. A la derecha se le llena la boca con el crecimiento del empleo que hicieron tras llegar al poder en el 96, pero fue un crecimiento con pies de barro. Aquellas políticas de PP no sirven, porque la parte más débil de aquellas políticas era el empleo, era un crecimiento basado en el hormigón y la vivienda.

Otro debate son los políticos: sus sueldos, el número de cargos...

PSOE y PP quieren un bipartidismo que arrase, por eso hablan de reducir diputados. El bipartidismo no es la solución. Lo que hay que hacer es tener administraciones más eficaces para evitar duplicidades en las competencias y los gastos. No debemos criminalizar a las administraciones más cercanas al ciudadano.