PSOE, PP y CiU han pactado aumentar el actual 50 % el porcentaje de valoración de los inmuebles embargados que se quedan las entidades financieras cuando no se subastan, y también apoyaron la medida anunciada por el Gobierno de elevar la cantidad de sueldo no embargable por impago hipotecario.

Los afectados por embargo podrán así cancelar una mayor cantidad de su deuda con el banco una vez que se eleve el porcentaje "vergonzante" establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, en palabras del diputado que anunció el acuerdo, Pere Macias (CiU), en el pleno en el que se votan las resoluciones consecuencia del debate sobre el estado de la nación.

El texto pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complementen las presenciales con pujas a través de internet "con el objetivo de aumentar el número potencial de licitadores, y por tanto las posibilidades de que la subasta no quede desierta".

No obstante, no contempla la posibilidad de que la entrega de la vivienda sirva para saldar una deuda hipotecaria en su totalidad, la llamada "dación en pago", como proponían CiU (a través de incentivos fiscales), IU-ICV-ERC y BNG.

La enmienda transaccional consecuencia del debate sobre el estado de la nación también insta al Gobierno a supervisar las condiciones para la concesión de créditos para evitar cláusulas abusivas, como las cláusulas suelo, que marca el interés mínimo que debe pagar el hipotecado incluso si el euribor se sitúa por debajo.

Asimismo, propone el desarrollo de sistemas de mediación para que se puedan conceder créditos "con la única garantía del principio del bien hipotecado", en aplicación del artículo 140 de la ley hipotecaria, así como redefinir la línea ICO para moratoria de hipotecas.

El pacto es un apoyo al anuncio que hizo en el primer día de debate el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de elevar la cantidad no embargable en estos procesos a 961 euros, es decir, sumando un 50 % al salario mínimo interprofesional (SMI), que es de 641 euros.

Este importe se incrementará un 30 % adicional del SMI por cada miembro del grupo que no disponga de ingresos propios regulares, lo que significaría que en el caso de que haya dos miembros en esta situación la cantidad ascendería a 1.350 euros.

Las medidas anunciadas por Zapatero podrían suponer una ayuda para cerca de medio millón de personas en España. Actualmente unas 160.000 personas sufren una ejecución hipotecaria y se calcula que otras 350.000 van a verse inmersas en este proceso en los próximos cinco años, según los datos de la Asociación de Afectados por los Embargos, AFES.

Sobre esta medida del Gobierno opinó el miércoles el consejero delegado del BBVA, Ángel Cano, quien no pudo evitar advertir al Ejecutivo de que "responder a presiones populistas está bien, siempre que no se estropee un mercado hipotecario como el español, que es referencia internacional".