La ampliación del Canal de Panamá se enfrenta a un conflicto contractual que probablemente retrasará, nuevamente, la puesta en servicio de la obra, pero que de ningún modo significa que no se concluirá.

Ese es el mensaje de tranquilidad enviado por el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Jorge Quijano, ante las dudas surgidas en torno al proyecto tras el anuncio, esta semana, de que el consorcio encargado de las obras las suspenderá a partir del 20 de enero próximo porque no puede con "sobrecostes" cifrados en 1.625 millones de dólares.

"Nosotros nos comprometemos a terminar esta obra. Que el tiempo va a ser mayor ... pero esto se va a terminar, tenemos tres cuartas partes del trabajo listo", declaró Quijano en un encuentro con medios extranjeros acreditados en Panamá.

En cualquier caso, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, anunció este viernes que recibirá la próxima semana a la ministra española de Fomento, Ana Pastor, para tratar el conflicto. El presidente ya ha mantenido una reunión previa con el embajador español en Panamá, Jesús Silva, y con su homólogo italiano.

La ampliación del Canal se ha completado en un 72%, mientras que el de la construcción del nuevo juego de esclusas está en un 65% de la obra, según la ACP.

Quijano, un ingeniero con 36 años de experiencia en el organismo autónomo de la ACP, ha explicado que el contrato firmado con el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr, que se desplomó en la Bolsa tras conocerse la noticia, establece mecanismos que garantizan la finalización de la obra aunque el consorcio la abandone.

El Grupo, que integran además la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, obtuvo en 2009 la concesión de la ampliación por un valor total de 5.250 millones de dólares, de los cuales 3.118 millones corresponde al contrato para la construcción de las nuevas esclusas.

En la peor de las posibilidades, que sería la salida del GUPC y que una empresa de fianzas no asuma el proyecto sino que pague a la ACP hasta 600 millones de dólares, la Autoridad cuenta con los fondos para asumir las obras y desarrollarlas a través de subcontratistas, dijo Quijano.

La ampliación, que consiste en la construcción de un nuevo juego de esclusas que añadirán un tercer carril para el tránsito de buques con una capacidad de hasta 12.600 contenedores, casi el triple de lo actual, debía estar lista en octubre de 2014, pero ya antes de la actual crisis el GUPC la había retrasado a junio de 2015.

Una de las principales razones para ello fue el reiterado rechazo por parte de los técnicos de la ACP de la mezcla de cemento que debía usarse en el vaciado de las estructuras de las nuevas esclusas del Canal, según el GUPC.

Quijano ha recalcado que lo conveniente, sobre todo por la cuestión de los tiempos de ejecución, sería que el consorcio "recapacitara", siguiera con las obras después del día 20 de enero e hiciera sus reclamaciones económicas según el procedimiento establecido en el contrato.

El contrato prevé tres instancias para tramitar reclamaciones: la primera la ACP, en segunda instancia la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) y como tercera posibilidad un arbitraje internacional.

Quijano ha dicho que una petición presentada por el consorcio en 2012 por valor de "585 millones de dólares" está en la DAB y que la ACP recibió otra el pasado 23 de diciembre, por valor de "900 millones de dólares", que aún no ha podido entrar a estudiarla porque le falta "mucha información".

El debate está en el procedimiento para hacer las peticiones económicas: mientras el GUPC aduce que no ha podido acordar con la ACP una forma de pago de los sobrecostes, la Autoridad dice que no puede aceptar la supuesta pretensión del contratista de negociar fuera del contrato unos montos que, además, no ha podido justificar debidamente.

Además, la ACP asevera que el contrato firmado por las partes es "de precio fijo" y que las únicas cláusulas que permiten "ajustes" son una por aumento de precios del acero, diesel o cemento, y otra por alza de la plantilla panameña, conceptos por los cuales ya ha pagado 160 millones de dólares, cerca del 5 % del monto de contrato.