La Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el Ayuntamiento de Barcelona y los colegios de abogados y procuradores de la capital catalana han firmado este lunes un protocolo para que todos los desahucios hipotecarios con riesgo sean comunicados a los servicios sociales antes de hacerse efectivos.

De este modo, se evitará que las familias queden totalmente desamparadas cuando pierdan su vivienda habitual por una ejecución hipotecaria o de un laudo arbitral, entre otros. El convenio facilita que los afectados accedan a los servicios municipales con la mayor celeridad posible para evitar riesgos de exclusión social.

Solo en enero, unas 70 familias perdieron su casa por no hacer frente a las cuotas de la hipoteca y unas 470 por no pagar el alquiler. Se calcula que una veintena de casos diarios podrían acogerse a este protocolo, que sólo protege a ancianos que viven solos, menores, personas con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial e inmigrantes irregulares, otras circunstancias.

Con este protocolo, anunciado el 20 de febrero, los abogados tendrán que hacer constar las circunstancias de riesgo social de sus clientes y el Ayuntamiento pondrá a disposición sus servicios sociales para ayudar auxiliar a los desahuciados.

El acuerdo, asimismo, incluye también un protocolo de actuación para evitar riesgos y garantizar la seguridad de la comisión judicial que debe ejecutar este tipo de procedimientos.

El consejero de Justicia, Germà Gordó, ha apostado por modificar la Ley Hipotecaria, el Código Civil catalán y las leyes procesales "para dar respuestas a situaciones tremendamente injustas" que sufren las familias desahuciadas "que no tienen ninguna culpa de encontrarse en una situación económica que les aleja de su vivienda habitual".

El presidente del TSJC, Miguel Ángel Gimeno, ha apostado por extender próximamente a "todo el territorio" esta iniciativa que, de momento, solo se aplica en Barcelona.

En la misma línea se ha expresado el alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, quien ha propuesto que los pisos del banco malo puedan destinarse "a la gente que sufre" estas ejecuciones hipotecarias. Asimismo, ha incidido en la necesidad de prevenir los desahucios.

"La abogacía no puede ser ajena a los problemas sociales del país. Este protocolo posibilitará que se activen rápidamente unos mecanismos que ayuden a paliar uno de los momentos más duros en que se puede encontrar un individuo o una familia en riesgo de exclusión, como es la pérdida de la vivienda", ha afirmado el decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB), Pedro Yúfera.