La consejera de Presidencia, Mar Moreno, ha anunciado este miércoles que el pasado día 2 de diciembre la Junta planteó ante el Tribunal Supremo (TS) un conflicto negativo de jurisdicción para que señale la vía oportuna, si es la civil o la contencioso-administrativa, para que la administración autonómica pueda reclamar a la empresa Boliden Apirsa el dinero que costó la reparación de la zona afectada por el vertido de Minas de Aznalcóllar (Sevilla). "No se puede producir la inhibición de los tribunales sin entrar en el fondo de la cuestión", según Moreno.

En rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, ha querido dejar claro que la Junta "no renuncia de ninguna manera a conseguir la reparación económica" por los daños que se produjeron como consecuencia del vertido de Aznalcóllar. Ha insistido en que la Junta no va a renunciar a una cuestión a la que cree tener derecho, como es que se reparen los daños que se causaron al medio ambiente y el coste importante que produjo la reparación de la zona.

Asimismo, ha manifestado, en relación con la sentencia del Tribunal Supremo, que no hay ningún "varapalo" a la Junta de Andalucía ni ninguna mala gestión jurídica del asunto. Ha indicado que la propia sentencia hace referencia literalmente "al proceloso camino jurisdiccional que por diversas circunstancias no imputables a la administración recurrente se ha seguido en este caso".

"El propio Tribunal Supremo dice que no es imputable a la administración recurrente el hecho de que se hayan dictado ya varias sentencias ninguna de las cuales terminan de entrar en el fondo", según Moreno, que ha recordado que la Junta puso en marcha la vía civil y con posterioridad la contencioso-administrativa y que ambas se desestimaron.

Para Moreno, de alguna manera, en este "peregrinaje judicial, se está produciendo un vacío, que no estamos dispuestos a admitir". "Se está produciendo de facto una situación de denegación de acceso a la justicia que vulnera el derecho a la tutela efectiva por parte de los tribunales", ha indicado.

La consejera ha expresado que ya quisiera la Junta que se hubiera resuelto este asunto.

Ha puesto de manifiesto además que hay una reiteradísima jurisprudencia de la sala especial de conflictos del Tribunal Supremo que exige que haya sentencias firmes antes de entrar a valorar los asuntos, de manera que la Junta no podía recurrir al Tribunal de Conflictos hasta que no se produjera una sentencia firme en este ámbito administrativo.

Mar Moreno ha insistido en que la situación creada no responde a ningún error o ineficacia de los servicios jurídicos de la Junta, sino que eran necesarias las sentencias firmes denegatorias para que ahora podamos acudir a la sala de Conflictos.