Miguel Ángel Millán niega los abusos sexuales a menores en el inicio del juicio y pide la absolución

El juicio contra el exseleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, ha comenzado en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.
El juicio contra el exseleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, ha comenzado en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.
EFE
El juicio contra el exseleccionador nacional de pruebas combinadas de atletismo, Miguel Ángel Millán, ha comenzado en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido la primera sesión del juicio contra el exseleccionador español de atletismo de pruebas combinadas, Miguel Ángel Millán, en prisión preventiva desde enero de 2017, por dos presuntos delitos de abusos sexuales continuados a menores en Tenerife. Millán se enfrenta a una pena de hasta 33 años de prisión y ha negado los hechos, ocurridos entre 2010 y 2011, y 2015.

El juicio se prolongará a puerta cerrada -para salvaguardar la intimidad de víctimas, familiares y testigos- hasta el próximo 1 de febrero. A esta primera vista se había citado a 24 testigos, entre los que está el subcampeón olímpico de decatlón en Barcelona 1992, Antonio Peñalver. Millán cerrará las sesiones el 30 de enero y el 1 de febrero.

La Fiscalía señala que Millán aprovechaba su posición como entrenador nacional para ganarse la confianza de los jóvenes y "satisfacer" su instinto sexual "violentando" la intimidad de los menores. También afirma que su interés por ellos que aumentó cuando le confesaron su homosexualidad.

Por ello solicita una pena de doce años de cárcel. También pide su inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y ejercer su trabajo de entrenador, la prohibición de desarrollar actividades deportivas con menores de edad y la obligación de participar en un programa formativo de orientación sexual. Por último, reclama una indemnización de 22.000 euros por perjuicios morales hacia sus dos presuntas víctimas.

La acusación particular pide 21 años de prisión y otros 14 años de inhabilitación para ejercer como profesor o entrenador, la prohibición durante diez años de acercarse a menos de 500 metros de las víctimas y diez años de libertad vigilada, más una indemnización de 60.000 euros -30.000 euros para cada afectado- por daños y perjuicios.

Su defensa ha solicitado la libre absolución alegando “indefensión”. Afirma que el secreto de sumario no se notificó ni está motivado, lo que impidió que nombrara a su propio perito para la exploración psicológica de uno de los denunciantes.

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