Miguel Ángel Ramírez
El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, sale del Juzgado de Instrucción Número 6 de la capital grancanaria con sus abogados, tras ser detenido esta mañana en el aeropuerto de Gran Canaria. EFE

El Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, contra la decisión de ordenar su búsqueda y captura por no acudir a una citación judicial.

Ramírez fue citado a declarar el 19 de abril como presunto autor de un delito contra la Seguridad Social, y al no presentarse fue detenido el 25 de abril a su llegada a Gran Canaria procedente de Miami (EEUU), y posteriormente fue puesto en libertad.

El magistrado instructor, Luis Galván Mesa, reitera en su resolución, dada a conocer este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que el juzgado se vio obligado a ordenar que las autoridades detuvieran a Ramírez por su "conducta obstativa, contumaz y rebelde, con el consiguiente desprecio a la citación judicial".

La citación contra el también empresario Miguel Ángel Ramírez fue cursada el día 13 de marzo, pero después de conocerla él decidió marcharse al extranjero, y pese a poder volver el 4 de abril, tal como tenía previsto, "prefirió dilatar su declaración".

La autoridad judicial ratifica la legalidad de su orden -a pesar de que ya "carece de sentido", pues Ramírez fue detenido y puesto a disposición judicial el pasado miércoles, y desde entonces está en libertad provisional- al considerar acreditado que desde la notificación a las partes del auto de admisión de la querella del Ministerio Fiscal el 7 de marzo, y hasta el 19 de abril, fecha fijada para su declaración, Ramírez "tenía conocimiento de su situación", no porque se le notificara a través de su procurador, sino porque se le comunicó en su domicilio.

"Otra cuestión bien diferente", considera el magistrado, "es que Miguel Ángel Ramírez no se diera por aludido o notificado", pues en caso de duda, entre el 13 de marzo y el 19 de abril pudo preguntar a su defensa o acudir al órgano judicial para despejar o aclarar cualquier duda, argumenta el magistrado.

Asimismo, considera que el hecho de que la defensa de Ramírez manifestara unilateralmente que el empresario iba a comparecer el 26 abril "acrecienta más la falta de respeto al llamamiento quebrantado, pues parece que queda a criterio del citado investigado cuándo deba recibírsele declaración".

El auto indica que fue el propio Ramírez quien, tras ser detenido el 25 de abril, pidió disculpas "por entender que se produjo un mal entendido con su defensa".

"Lógicamente", interpreta el magistrado, con ello Ramírez "no cuestiona la realidad de la legalidad de su citación, porque ni él ni su defensa en su actuación pueden ir en contra de sus propios actos".