Cinco futbolistas están siendo investigados —uno, por un delito de odio tras proferir insultos racistas y de lesiones, y el resto por un delito de lesiones— tras protagonizar una violenta discusión el pasado mes de abril tras el partido de Tercera Federación entre el Trujillo y el Moralo en el Estadio Municipal Joaquín García de Guadiana.

Fue el pitido final el que desencadenó una pelea entre dos jugadores de ambos equipos que vino acompañada de una "invasión de campo" por parte de "numerosos aficionados" que se encontraban en la grada, lo que derivó en una "discusión violenta" entre futbolistas, hinchas y miembros de ambos cuerpos técnicos.

Tras el altercado, uno de los jugadores del Moralo informó al árbitro de que un futbolista del Trujillo le había proferido insultos racistas durante el desarrollo del partido, motivo por el que se habría iniciado la discusión entre jugadores y aficionados después del encuentro.

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Ese mismo día, una aficionada presentó una denuncia ante la Guardia Civil por un supuesto delito de lesiones causadas por el mismo jugador que supuestamente había proferido los insultos de carácter racista, mientras que este, al mismo tiempo, interpuso una denuncia por un supuesto delito de lesiones contra otros cuatro jugadores del equipo contrario, entre los que se encontraba la presunta víctima de los insultos.

De esta manera, los agentes instruyeron diligencias contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, contra cinco jugadores, y la Guardia Civil, en contacto con la Fiscal Delegada de Delitos de Odio de Cáceres, continuó con la instrucción de las diligencias, investigando penalmente al jugador que supuestamente había proferido los insultos, por la presunta comisión de un delito de odio y otro de lesiones. Los otros cuatro jugadores, entre ellos el que habría recibido los insultos, también han sido investigados por sendos delitos de lesiones.

Este operativo se enmarca dentro del Plan de Actuación de la Guardia Civil ante los delitos de odio y conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, habiendo sido desarrollada la operación por agentes del Equipo de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO) del Grupo de Información de la Comandancia de Cáceres.