La llegada de la tecnología de videoarbitraje a LaLiga dio una nueva oportunidad a José María Enríquez Negreira para intentar retomar la relación con el FC Barcelona, rota en 2018, mismo año en el que también dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y escribió un nuevo mensaje a la entidad blaugrana con una propuesta. 

A finales de la segunda temporada con este sistema arbitral, en 2020, el excolegiado catalán volvió a ofrecer a los culés sus servicios, esta vez en relación con la sala VOR: "Puedo ayudaros con el VAR", sugirió, según publica El Mundo.

En este sentido, Enríquez Negreira insinuó tener "mano con el VAR", apunta el mismo diario, aprovechando las polémicas arbitrales entorno a él y al sorpaso del Real Madrid al Barça en la clasificación tras volver del parón por la pandemia de coronavirus. "Conmigo os habría ido mejor", les aseguró.

Albert Perrín, ex vicepresidente de Laporta en el Barça, explica los pagos del club a Negreira: "Eran un pacto de no-agresión"

"Si os interesa, contactad", fue lo último que dijo el exvicepresidente del CTA, que anteriormente se había puesto en contacto con el club en dos ocasiones después de que el Barcelona cesase en los pagos. En esas comunicaciones, el catalán amenazó con destapar "todas las irregularidades" que había vivido si no seguía cobrando, e instó a la entidad a que continuasen los pagos "después de todos los favores prestados".

Denuncia de la Fiscalía

El escándalo arbitral que persigue al conjunto blaugrana parece que terminará en los juzgados, pues la Fiscalía denunciará a Negreira, al FC Barcelona y a Josep María Bartomeu, presidente del Barça entre 2014 y 2020, por presuntos delitos de corrupción continuada en los negocios, puesto que los pagos se produjeron entre 2001 y 2018, administración desleal y falsedad, informó este lunes El País.

Aún con aspectos por cerrar, como la inclusión en la misma del hijo de Negreira, la denuncia responde a la consideración de la Fiscalía de la existencia de indicios del delito antes mencionado por el pago de una cuantía cercana a los siete millones de euros a cambio de supuestos servicios de 'asesoría arbitral'.