El 'caso Negreira' no para de avanzar y dar giros de guion conforme más información va saliendo a la luz. Sin embargo, uno de los agentes implicados más importantes aún no se había pronunciado, algo especialmente grave cuando la sombra de la duda recae justo sobre ellos: los árbitros. Ningún árbitro en activo ha emprendido acciones legales por su cuenta ni ha arrojado luz, para bien o para mal, sobre el caso... hasta este viernes.

El árbitro Xavier Estrada Fernández ha sido el primero en dar un paso adelante y se ha querellado contra José María Enríquez Negreira, ex-vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo en los pagos recibidos por asesorar al FC Barcelona, que se extienden de 2001 a 2018 y ascienden a más de 7 millones de euros.

La querella presentada en los juzgados de Barcelona este viernes expone que Negreira prestó servicios de asesoramiento y seguimiento arbitral "con el objetivo de garantizar un arbitraje favorable a los intereses del FC Barcelona" mientras era vicepresidente del Comité Arbitral, en distintas temporadas desde 2003 hasta 2018. Otros documentos revelados en la investigación, en esa línea, hablaban de "garantizar la neutralidad" de los árbitros en los partidos azulgranas.

El documento detalla concretamente que el árbitro y dirigente facturó estos trabajos a través de su empresa DASNIL 95 SL, y añade que entre 2016 y 2018 facturó y cobró del Barça 1.392.680 euros. De la misma forma, la querella de Estrada va dirigida también al hijo de Negreira, Javier Enríquez Romero, que era gerente de la mercantil y "prestó servicios de 'coaching' a árbitros en activo, al tiempo que los acompañaba desde el hotel al estadio donde tenían que arbitrar".

Enríquez Negreira le exigió al Barça que le pagara por sus "favores prestados" desde 2003 y por la "exclusividad" que le pedía

Las razones del Real Madrid para no romper su silencio sobre el 'caso Negreira'

Estrada ha ejercido como árbitro de fútbol en Primera División desde 2009, y pide ahora que se investigue investigar el caso en defensa de la honorabilidad de los colegiados, muy cuestionada desde que se destapó el caso, mientras la Fiscalía mantiene abierta una investigación por un presunto delito de corrupción entre particulares. Su propia integridad está también en entredicho además, porque sigue ejerciendo desde finales de la temporada 2020-2021, no como árbitro de campo pero sí como VAR.