La exconsejera de Economía y Hacienda andaluza Magdalena Álvarez, procesada en el juicio junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos por el Gobierno andaluz, ha asegurado en su declaración que "nunca" recibió reparos de la Intervención General sobre ayudas sociolaborales o fiscalización de éstas durante los diez años que estuvo al frente del cargo.

En este sentido, Álvarez, quien durante su interrogatorio este lunes sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y su defensa, ejercida por el letrado Rafael Alcácer, ha afirmado que es un "error" considerar que su departamento "lo controlaba todo" y ha apuntado que este control era tarea de la Intervención.

Álvarez ha explicado que los reparos "se trataban entre la Consejería correspondiente y la Intervención Delegada. Cuando no había acuerdo entre ambas partes, se elevaba para que resolviera la Intervención General. Si el posicionamiento de la Intervención General no era aceptado por la Consejería, se elevaba a Consejo de Gobierno".

"Durante mi etapa al frente de la Consejería no llegaron reparos al Consejo de Gobierno ni a la Consejería de Hacienda. Nunca han llegado reparos de ningún tipo", ha reiterado la exconsejera, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita diez años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación.

La exconsejera ha señalado que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación. En este sentido, ha indicado que la normativa en materia de Empleo la gestionaba la Consejería.

Este lunes se ha retomado la vista oral del caso ERE después de quedar suspendida la pasada semana por la baja del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo por su estado de salud. Álvarez ha comenzado su interrogatorio no ratificando la declaración que realizó ante la juez Mercedes Alaya en octubre de 2013.

La exconsejera de Hacienda declaró ante la jueza Mercedes Alaya el 8 de octubre de 2013 en fase de instrucción. A preguntas de la magistrada, Álvarez aseguró que "nunca" conoció los reparos que la Intervención General opuso a los expedientes de subvenciones sociolaborales, ya que "no tenía que conocerlo por razón de su competencia", y que "ni siquiera lo escuchó indirectamente" pues "nunca se llegó a plantear en la Consejería de Hacienda ni en el Consejo de Gobierno".

Álvarez aseveró que "nunca se plantearon" ni en la Consejería de Economía ni en el Consejo de Gobierno dotar de mayor agilidad a los procedimientos de subvenciones sociolaborales que había emprendido la Consejería de Empleo "ante el retraso que pudieran estar sufriendo dichos procedimientos".

Sobre el sistema de las transferencias de financiación, la exconsejera explicó que las mismas "son un instrumento financiero para allegar fondos a las empresas públicas siempre que dichas empresas públicas tengan entre sus competencias la actividad para la que hayan sido otorgadas dichas transferencias", añadiendo que en la Consejería de Hacienda "lo que se hizo fue trasponer" la legislación estatal a este respecto.

Asimismo, y en contra de lo asegurado por el exdirector general de Presupuestos y exviceconsejero de Presidencia Antonio Vicente Lozano y del exinterventor general Manuel Gómez, Magdalena Álvarez aseguró que las transferencias de financiación sí "pueden destinarse a financiar operaciones con un fin concreto y específico como son las subvenciones". A su juicio, "ha podido haber un uso inadecuado pero no una presupuestación inadecuada".