Magdalena Álvarez es imputada por malversación y prevaricación en el caso de los ERE

  • La exconsejera andaluza y exministra de Fomento defiende la legalidad de las ayudas investigadas en los ERE.
  • Mantiene que su gestión fue "transparente y clara" y que desconocía las irregularidades.
  • Álvarez ha llegado a los juzgados sevillanos a las 8.50 horas, aunque hasta las 10.40 no comenzó la declaración.
  • El caso de los ERE falsos de la Junta acumula ya 116 inculpados.
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
La exministra de Fomento Magdalena Álvarez.
J.L. Pino / EFE

Muy puntual. Ha llegado a las 8.50 horas y no ha entrado por la puerta principal de los juzgados sevillanos, pese a la gran expectación que había. A las 10.40 horas ha comenzado la esperada comparecencia de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento, ante la jueza Mercedes Alaya en el 'caso de los ERE', causa que acumula ya 116 inculpados. La comparecencia ha finalizado a las 13.45 horas. La jueza le imputa presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La exministra y exconsejera  ha defendido la legalidad de las ayudas investigadas en los ERE falsos y ha dicho que las transferencias de financiación eran una trasposición de normas estatales.

Álvarez ha comenzado a comparecer (asisten una treintena de letrados) pese a que la Audiencia de Sevilla tiene previsto debatir el próximo 21 de octubre el recurso planteado por su defensa contra esta imputación, por lo que ha declarado sin conocer la resolución definitiva de los jueces.

El abogado de la exconsejera, Horacio Oliva, recurrió directamente ante la Audiencia Provincial alegando que los delitos estaban prescritos, por lo que su imputación "resulta manifiestamente infundada" y "no existe una mínima base indiciaria para imputarla sin caer en la arbitrariedad", según se recoge en el documento.

Álvarez dice que su gestión fue "transparente"

Por su parte, la exministra y exconsejera Álvarez ha declarado que su gestión como consejera de Economía fue "transparente y clara". Y que no tuvo conocimiento de las irregularidades. A la salida de los juzgados, Álvarez ha señalado a los periodistas que se siente muy contenta porque ha aclarado todas las cuestiones sobre las que le han preguntado y ha concretado que incluso le hubiera gustado hablar más.

Asimismo, la exministra ha negado haber recibido presiones para permitir el sistema de los ERE. Los abogados personados en la causa han indicado que la discusión entre Alaya y Álvarez se ha centrado en cuestiones técnicas sobre si las subvenciones a empresas podrían concederse mediante el sistema investigado de las transferencias de financiación.

Álvarez ha matizado que se ha sentido muy cómoda y no ha tenido la impresión de que existiera ninguna tensión ni problema con la jueza, que tiene prevista una comparecencia para determinar las posibles medidas cautelares.

Sistema diseñado por "responsables de mayor escala"

La Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de la exministra el pasado 19 de septiembre en un escrito en el que defendió la legalidad del auto dictado por la instructora, con los mismos argumentos que utilizó para oponerse al que presentó la Junta contra la imputación de 20 ex altos cargos del Gobierno andaluz.

El pasado mes de julio, la magistrada emitió un auto en el que anunciaba un "paso cualitativo" en la instrucción del caso con la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía. En aquel auto figuraba la imputación de Álvarez, actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones.

Alaya señaló que la exministra fue la persona que dictó en 2003 las normas en las que se recogía el concepto presupuestario de las transferencias de financiación para pagar ayudas sociolaborales, algo "absolutamente inadecuado para su uso como subvenciones sociolaborales", como recoge el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, subraya.

La jueza reiteró la semana pasada su creencia de que el sistema de los ERE fue diseñado por "responsables de mayor escala" de la Junta que el exdirector de Trabajo Francisco Javier Guerrero, principal imputado, ya que considera que el procedimiento respondía a una decisión política y que se creó "indiciariamente, en vía presupuestaria".

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