Bankia ocultó información sobre el conflicto que tenía abierto con la aseguradora Aviva por el negocio de bancaseguros en la información contable aportada en su salida a bolsa, según un informe del técnico del Banco de España Antonio Busquets incorporado esta semana a la causa judicial.

En este nuevo documento, Busquets, que junto con el perito Víctor Sánchez Nogueras redactó sendos informes muy críticos con la gestión de las cajas que dieron lugar a Bankia, incide en su idea de que los estados financieros cerrados a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de ese año no expresaban la imagen fiel de la entidad.

Ambos, designados por el Banco de España para asistir al juez instructor, Fernando Andreu, ratificaron la existencia de irregularidades en las cuentas empleadas por Bankia en la operación de salida a bolsa de 2011 al "no reflejar la imagen fiel" y "no cumplir la normativa de aplicación".

Tesis que ahora refuerza Busquets al afirmar que Bankia debía contabilizar una provisión por la reclamación de Aviva, y no lo hizo ni en las cuentas anuales de 2011 formuladas el 28 de marzo de 2012, todavía con Rato en la presidencia, ni en las reformuladas en mayo de ese año, tras la llegada de José Ignacio Goirigolzarri al grupo.

En el folleto de emisión de la salida a Bolsa, sostiene Busquets, Bankia ofreció información incompleta, pues no reveló el importe de la reclamación -más de 900 millones de euros-, y también incorrecta, ya que indicaba que no tendría efectos adversos en la situación financiera.

Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado aplicar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia la denominada "doctrina Botín", que supondría eliminar del proceso a las acusaciones populares, al considerar que el presunto perjuicio derivado de dicha operación no se limitó únicamente al Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB).

La llamada 'doctrina Botín' fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio oral cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado el sobreseimiento de la causa.

Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la fiscal Carmen Launa ha defendido la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto y que exigió 23.000 millones de euros de rescate.