La Audiencia Nacional juzga desde este lunes la salida a bolsa de Bankia, por la que se sientan en el banquillo una treintena de exdirectivos, incluido su expresidente, Rodrigo Rato, que por primera vez desde que empezó a cumplir condena por las tarjetas "black" sale de prisión por unas horas.

La sección cuarta de la sala de lo Penal presidida por la juez Ángela Murillo es la encargada de enjuiciar las supuestas irregularidades del salto al parqué de la entidad el 20 de julio de 2011, por las que la Fiscalía Anticorrupción, que sólo acusa a los cuatro antiguos administradores, pide para Rato cinco años de prisión por presunta estafa a inversores.

El ministerio fiscal también achaca dicho delito al exvicepresidente José Luis Olivas (cuatro años de prisión), al exconsejero José Manuel Fernández Norniella (tres años) y al ex consejero delegado, Francisco Verdú (dos años y siete meses).

La Fiscalía ha indicado en la primera sesión del juicio que podría modificar sus conclusiones y añadir falsedad contable al delito de estafa que atribuye a estos cuatro acusados. La representante del Ministerio Fiscal, Carmen Launa, ha descartado de momento añadir falsedad contable a las acusaciones ya formuladas, si bien se reserva la posibilidad de hacerlo en el futuro, para que no puedan los acusados alegar indefensión.

Al resto de exconsejeros y exdirectivos de la entidad, así como a BFA, la propia Bankia, la auditoría Deloitte y el socio auditor, Francisco Celma, son únicamente las acusaciones particulares y populares, que piden para ellos hasta doce años de prisión, las que les atribuyen falsedad contable, penada con entre uno y tres años de cárcel.

Anticorrupción sostenía que los cuatro acusados principales ocultaron que el negocio de Bankia era inviable en un entorno de crisis sin recibir ayudas, de modo que habrían actuado para obtener "a toda costa" los fondos necesarios, aunque señalaba que "las cuentas del grupo no son materialmente falsas, ya que no vulneraban la normativa entonces vigente y cumplieron con las exigencias del regulador".

Por ello, no incluía la falsedad contable, pero este lunes la fiscal, acompañada en el estrado por el ahora fiscal jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, ha introducido esta posibilidad tras la incorporación de ingente documentación que hasta ahora no obraba en el procedimiento.

Entre estos informes Launa ha destacado aquellos que revelarían el mal estado de Bancaja Hábitat, la filial inmobiliaria de Bancaja (una de las siete entidades que constituyeron Bankia tras el proceso de fusión), que según el Ministerio Público, "ocultaba gran parte de los deterioros" que se arrastraron a las cuentas de 2011.

Asimismo, ha incluido el diario de sesiones de la comisión que investiga el origen de la crisis financiera en el Congreso de los Diputados, así como un informe pericial elaborado por el experto cedido por el Banco de España sobre el impacto que hubiera podido ocasionar en Bankia la reclamación de la aseguradora Aviva, vinculada hasta la integración a Bancaja, y que llegó a pedir una indemnización de 944 millones de euros.

Tras la Fiscalía han tomado la palabra las acusaciones; de las particulares, sólo 13 han acudido a la vista, de las cuales varias han desistido de acusar a los exconsejeros Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo de falsedad contable.

La principal pretensión de las defensas ha sido la aplicación de la "doctrina Botín", en función de la cual las acusaciones populares quedarían expulsadas del procedimiento de acreditarse que no hay ningún perjudicado sin recuperar su dinero en el procedimiento.

El letrado de Rato, Ignacio Ayala, ha apuntado al tribunal que el propio exministro adquirió 66.000 acciones de Bankia de la salida a bolsa, unos 250.000 euros, hecho que también ha alegado la defensa de Olivas, quien mantuvo su inversión de 150.000 euros "mucho tiempo después de salir de la entidad", lo que en su opinión, desmontaría el delito de estafa.

Para Carlos Aguilar, letrado del exministro de Interior Ángel Acebes, la querella interpuesta por el partido UPyD en 2012 y que dio lugar al caso, "se presentó contra un oponente político" sin tener en cuenta que su representado se incorporó a Bankia el 27 de julio de 2011, una semana después del salto al parqué.

De este modo, ha impugnado el auto de apertura de juicio por ser "hechos ajenos" a él, que "no intervino en el proceso de SIP (fusión fría de las cajas de ahorros), no participó en la salida a bolsa, ni en el precio de la oferta"; además, ha recordado que su dimisión como vocal se produjo el 24 de abril de 2012, antes de que se presentaran las cuentas formuladas y auditadas.

La defensa de José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero y Pedro Bedía ha reprochado que se les haya privado del derecho de igualdad al permitir que se ampliara la querella inicial contra los tres, a diferencia de lo que se dictó respecto a Virgilio Zapatero y otros consejeros. La vista, que se ha prolongado desde las 11:05 hasta las 14:45 horas se reanuda el martes con las intervenciones restantes de los abogados defensores.