• Es un incremento del 0,94% respecto a marzo, cuando aumentaron en 7.746.
• El número de inmigrantes dados de alta es 1.619.275 ocupados.
• En términos interanuales, la afiliación de extranjeros ha bajado un 5,23%.

La Seguridad Social ganó 15.138 cotizantes extranjeros en abril, un 0,94% en relación a marzo, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.619.275 ocupados, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con el repunte de abril, la afiliación de extranjeros encadena dos meses consecutivos de incrementos tras haber sumado 7.746 cotizantes no nacionales el pasado mes de marzo.

Del total de inmigrantes en alta al finalizar el pasado mes de abril, 1.396.628 cotizaban al Régimen General; 217.776 al de Autónomos; 4.559 al del Mar, y 313 al del Carbón.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 89.303 cotizantes, un 5,23%, tasa que contrasta con el descenso del 4,06% del conjunto del sistema.

Según Empleo, estos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

• El objetivo de la propuesta es no tener que recurrir otra vez al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones.
• Recordaron que el 97% del Fondo está invertido en deuda pública española.
• Como contraprestación, proponen crear otras "compensaciones" fiscales.

Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, proponen una subida "temporal" de las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en la cuota de las empresas como en la de los trabajadores, para evitar tener que recurrir otra vez al Fondo de Reserva de la Seguridad Social para pagar las pensiones o a "modificaciones de envergadura" en el sistema.  

Durante unas jornadas de difusión del Servicio de Intermediación y Arbitraje (SIMA), Toxo ha recordado que el 97% de los casi 63.500 millones de euros con los que cuenta la llamada 'hucha de las pensiones' está invertido en deuda pública española, con lo que si se vaciara, este "soporte" desaparecería y España tendría que salir fuera a colocar su deuda, con el consecuente sobrecoste.

Toxo ha admitido que esta subida de cuotas tendría una afectación sobre los márgenes de las empresas y sobre la capacidad adquisitiva de los trabajadores, pero ha asegurado que sería "mínimo" y en todo caso sería inferior al efecto que tendría el recurso al Fondo de Reserva sobre la deuda pública.

Además, ha asegurado que se podrían establecer "compensaciones" fiscales a través de otras figuras impositivas.

Sobre las posibles modificaciones en el sistema, insisten en que el diseño del factor de sostenibilidad de las pensiones puede realizarse ya, pero que debe entrar en vigor en 2027, como establece le Ley de Pensiones, y con el mayor consenso posible.

• A un joven le quitaron una prótesis inmovilizadora tras una operación de rodilla.
• No podía pagar los 152 euros que le reclamaban en el hospital.
• Un vecino se la ha prestado y se la han recolocado.

El hospital Arnau de Vilanova ha colocado una prótesis inmovilizadora prestada por un vecino a un joven de Llíria al que se le había retirado una anterior por no haber podido pagarla después de haberse sometido a una operación de rodilla.

El joven Adrián García, de 23 años, fue sometido a una artroscopia el pasado martes y tras la operación, se le implantó una prótesis externa para mantener recta e inmovilizada la pierna, pero nadie le dijo que tuviera que pagarla.

Ha señalado que horas después de la operación, el doctor le dijo que debería pagar 120 euros por la prótesis, aunque dos días más tarde, una responsable de la empresa ortopédica se presentó en el hospital para reclamarle 152 euros y explicarle que la Generalitat le devolvería 122 euros.

"Le dije que no podía porque vamos mal de dinero en casa y que si se esperaba al 28 de mayo le podría pagar", ha señalado el joven, quien ha indicado que la representante de la empresa, después de pensárselo "un poco", le dijo que no podía esperar y le quitó ella misma la prótesis.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han explicado que la sanidad pública valenciana "no realiza ningún cobro de las prótesis internas que se instalan, pero las prótesis externas -como la de Adrián- y los productos ortopédicos están sometidos desde 2010 a copago en función de la renta del paciente".

Las prótesis deben ser adquiridas en ortopedias privadas y abonadas por el paciente que, una vez remite esa factura a Sanidad, se le devuelve el importe, "a excepción de la aportación", que en este caso era de 30 euros.

"Sanidad no ha ordenado la retirada de ninguna prótesis, es la empresa ortopédica la que decide no entregar al paciente el corsé inmovilizador si no se lo abona", han explicado.

Tras la retirada de la prótesis, los médicos le colocaron una escayola que, según ha relatado el joven, no hacía la misma función, por lo que el sábado regresó a urgencias del Arnau de Vilanova porque le "dolía mucho y no podía dormir", y allí comprobaron que la rodilla se había desplazado y no estaba bien colocada.

Según ha explicado, ese mismo día llevó otra prótesis externa que le había prestado un vecino de Llíria, pero no sabe por qué no se la pudieron colocar, y por ello, ha tenido que volver hoy para que finalmente se la coloquen.

• Hurtó y falsificó unas 3.000 recetas, con un fraude de 300.000 euros.
• Han sido detenidos dos médicos, un farmacéutico y diez visitadores médicos.
• La operación se ha desarrollado en Sevilla y Huelva.

La Guardia Civil ha desmantelado una red que se dedicaba al hurto y falsificación de recetas médicas, alrededor de unas 3.000, para posteriormente estafar a la Seguridad Social unos 300.000 euros. En total se han detenido 13 personas (dos médicos, un farmacéutico y diez visitadores médicos) y se han imputado a otros tres (otro visitador y dos farmacéuticos) de las provincias de Sevilla y Huelva.

Las investigaciones de esta operación, denominada 'Felicia', comenzaron el pasado mes de junio cuando la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de distintas comunidades autónomas, comenzó a desarrollar una labor en lucha contra el fraude a la Seguridad Social en materia de sanidad.

La investigación se inició después de que se recibiera en el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ayamonte un escrito del Juzgado de Instrucción 1 de esa localidad, en el que se requería la actuación de los agentes para verificar los extremos de una denuncia presentada por un médico, quien manifestó que le habían sido sustraídos siete talonarios de recetas del centro de salud de Punta del Moral.

Esto motivó que los agentes encargados de la investigación se dispusieran a averiguar el destino de estas recetas, así como el posible recorrido de dichos talonarios. En estas investigaciones, los guardias civiles se encontraron con que el Servicio de Inspección de Farmacia ya había iniciado unas pesquisas en este sentido, por lo que se decidió aunar fuerzas para llegar al fondo del asunto.

Fue en estos primeros movimientos en los que los agentes comprobaron que no se trataba solo de siete talonarios sino que la presunta estafa y la red que la estaba llevando a cabo pudiera ser aún más profunda.

Las recetas, alrededor de 3.000, que fueron analizadas por los agentes, a través de las copias y registros obrantes en la Consejería de Salud, presentaban características comunes como que habían sido sustraídas para utilizarlas posteriormente con el fin de obtener medicamentos de precios elevados, que oscilaban entre los 50 y 300 euros y estaban destinados a la curación de enfermedades crónicas.

A pesar de que los datos de los pacientes, generalmente jubilados, eran reales, estos negaron haber recibidos tales medicinas. En otras ocasiones los pacientes habían fallecido con anterioridad a la expedición de la recetas y tampoco constaban en las historias clínicas de los pacientes el que les hubieran recetado esos medicamentos.

Después de estas verificaciones, los agentes llegaron hasta el centro de salud de Punta del Moral en Ayamonte, pues la mayoría de las recetas habían sido selladas y extendidas en este centro, a pesar de que ni los médicos ni los pacientes hubieran estado nunca en dicho centro. Además, según ha remarcado el capitán Aranda, "llamó la atención el hecho de que este médico solo podía expedir 500 recetas y el número había sido muy superior".

Allí, se centró la investigación sobre uno de los médicos que sustituyó al titular, quien previamente había denunciado la sustracción de diversos talonarios y del que se sospechaba que pudiera ser autor de una denuncia falsa. De igual manera, el análisis de la documentación que fue entregada por la Inspección de Farmacia, condujo hasta una farmacia de esta capital, donde una adjunta que había trabajado en la misma, había expedido medicamentos a través de estas recetas sustraídas. El pasado 19 de febrero se detuvo a esta farmacéutica como presunta autora de los delitos de receptación, falsedad documental y estafa.

La detenida, a pesar de sospechar que las recetas eran fraudulentas, las expendió manifestando que eran portadas por representantes de laboratorios farmacéuticos con la sola intención de aumentar los ratios de venta de determinados productos. La farmacéutica rellenaba los datos de los pacientes con la información que le aportaba el visitador.

Comprobado este extremo, se detectó otra partida de 125 recetas que bajo fórmula similar habían sido expendidas para la venta de un determinado producto farmacéutico en las provincias de Huelva y Sevilla, lo cual condujo a la detención del visitador médico como presunto autor de los delitos de receptación, falsedad documental, cohecho y estafa.

Esta detención condujo hasta el médico de Punta del Moral, presunto 'conseguidor' de las recetas, quien fue detenido en el centro de salud de Cartaya, como presunto autor de los delitos de hurto, cohecho, falsedad documental, simulación de delito y estafa a la seguridad social. De igual modo, y previa autorización judicial, se realizó un registro domiciliario donde se obtuvo abundante documentación, que pasó a ser analizada por los agentes de la Guardia Civil.

• Se ha arrestado a 158 personas en Orihuela y 39 en Castellón por defraudar casi dos millones de euros.
• Dos organizaciones creaban empresas ficticias solo para ofrecer contratos falsos de trabajo y conseguir subsidios por desempleo y permisos de residencia.
• Además, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta.

La Policía Nacional ha detenido a un total de 197 personas por defraudar casi dos millones de euros a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana, en dos operaciones realizadas en los últimos días en la localidad alicantina de Orihuela y en Castellón.

Los detenidos, 158 en Orihuela y 39 en Castellón, creaban empresas ficticias con la única finalidad de ofrecer contratos falsos de trabajo para obtener subsidios por desempleo y permisos de residencia, ha informado la Policía en un comunicado.

Los agentes han desmantelado dos organizaciones distintas, en el norte y sur de la Comunidad Valenciana, mediante las que los falsos trabajadores llegaron a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones de la Seguridad Social.

Las investigaciones se iniciaron cuando los policías se percataron de la presencia de dos organizaciones criminales, una compuesta por cinco empresarios y tres gestores de la localidad de Orihuela; y la otra, un entramado de seis mercantiles que suponía un auténtico "modus vivendi" para cinco de los detenidos.

Ambos entramados empresariales se habían constituido de forma ficticia con el objetivo de cobrar a los falsos trabajadores por la obtención de un inexistente contrato de trabajo que les permitiese el cobro de prestaciones y/o subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), así como la regularización de su situación en el caso los extranjeros.

Además del fraude derivado del cobro irregular de subsidios, gran parte de las empresas tampoco satisfacía el pago de las cuotas de seguros sociales de los falsos empleados dados de alta, superando en algún caso la cuantía que transforma dicha deuda en un delito penal y reportando grandes beneficios a los responsables.

Entre 200 y 3.000 euros por contrato

Los ahora arrestados cobraban cantidades que oscilaban entre los 200 y 3.000 euros por cada contrato, según el tiempo de su duración, y los falsos trabajadores accedían a las prestaciones o subsidios por desempleo, llegando a cobrar en algunos casos hasta 12.000 euros.

En el caso de los extranjeros, los responsables de la organización seleccionaban a otras personas que actuaban como intermediarios para su captación y se estima que más de 200 personas podrían haber obtenido ilícitamente la residencia en España de esta forma y habrían defraudado más de un millón de euros a la Seguridad Social.

En Castellón, las investigaciones comenzaron tras detectarse por parte de la Seguridad Social ciertas anomalías en una de las mercantiles investigadas, por lo que los investigadores solicitaron al SPEE los expedientes por desempleo de los supuestos empleados.

Fruto de las gestiones policiales, de la obtención de declaraciones de trabajadores y del análisis de la documentación obtenida en diferentes registros públicos, los agentes pudieron determinar que la práctica totalidad de estas empresas se había creado exclusivamente para defraudar a la Seguridad Social.

Entre los detenidos, que contaban con antecedentes por este delito, figuran los administradores de las mercantiles ficticias, un gestor autorizado del denominado Sistema Red (por el que se agilizan los trámites por Internet a personas autorizadas por la Seguridad Social) y falsos empleados que habían llegado a cobrar más de 15.000 euros en prestaciones.

La investigación sigue abierta

La cantidad defraudada por la trama asciende a 814.884,68 de euros, de los que 665.151 son impagos a la Tesorería General de la Seguridad Social, y 149.733 euros se obtuvieron mediante subsidios percibidos ilícitamente del SPEE.

Por el momento no se ha podido cuantificar el montante total del fraude al SPEE, al estar pendiente de recibir un informe de este organismo sobre una de las empresas investigadas, por lo que la investigación queda abierta, han señalado las mismas fuentes.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría Local de Castellón, de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) y de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Alicante.

• En el primer trimestre del año.
• Las transferencias del Estado alcanzaron los 6.413,09 millones de euros.
• El superávit ha sido de 6.910,08 millones de euros, un 0,65% del PIB.

La Seguridad Social tuvo un superávit de 6.910,08 millones de euros durante el primer trimestre de 2013, un 4,91% más que en el mismo periodo del pasado año, gracias a las transferencias del Estado, que alcanzaron los 6.413,09 millones de euros. Así, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, este superávit supone el 0,65% del PIB.

Desde el pasado enero y hasta marzo, los gastos de la Seguridad Social sumaron 33.312,09 millones de euros, un 3,15% más que en el mismo periodo de 2012, mientras los ingresos fueron de 26.402,01 millones, un 2,71% más, y el Ministerio calcula que los gastos pendientes de imputación presupuestaria son de unos 853 millones.

Por otro lado, las transferencias del Estado hasta marzo, de 6.413,09 millones de euros —1.944,22 millones más que en el mismo periodo del año pasado—, representan el 19,25% del total de ingresos de la Seguridad Social. En total, según recuerda el Ministerio de Empleo, los Presupuestos contemplan unas aportaciones de 15.537,28 millones de euros para todo el año, 6.669,15 millones más que en el ejercicio anterior.

En términos de caja, la recaudación líquida del sistema en estos tres meses fue de 31.665,6 millones de euros, un 5,24% más que en 2012, debido a dichas transferencias, en tanto que los pagos aumentaron el 3,16% hasta los 26.263,04 millones.

Del total de gastos, el 92,77% correspondió a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, mientras el 7,23% restante lo hizo a las Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En cuanto a los ingresos, el 96,19% fue reconocido por las entidades gestoras y el 3,81% por las mutuas.

Por otro lado, un 95,21% del gasto, 25.136,86 millones de euros, se destinó a prestaciones a familias e instituciones, dentro de las cuales, la mayor partida fue para las pensiones y prestaciones contributivas, a las que se destinaron 24.201,38 millones, lo que supuso un aumento anual del 3,94%. Además, en las prestaciones contributivas, las pensiones —de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares— se gastaron 23.065,32 millones, un 4,76% más que un año antes.

Menos cotizaciones sociales

Para cubrir prestaciones por maternidad, paternidad y riesgo durante el embarazo se emplearon 509,54 millones de euros, lo que supuso un descenso anual del 6,95%. Mayor fue la bajada, del 13,24%, del gasto en las de incapacidad temporal, con 514,84 millones de euros.

Respecto a las pensiones y prestaciones no contributivas, el incremento interanual fue del 0,52% hasta los 935,48% millones de euros, de los que 481,92 fueron para pensiones y 453,56 para subsidios y otras prestaciones.

En cuanto a los ingresos, las cotizaciones sociales sumaron 24.934,73 millones de euros, un 3,56% menos que en el mismo trimestre del año anterior debido a una disminución del 2,8% en la cotización de los ocupados y del 10,07% en la de los desempleados, mientras las transferencias corrientes aumentaron el 36,75 %, hasta 7.093,26 millones, y los ingresos patrimoniales fueron de 792,24 millones, el 7,9 % menos. En esta línea, la Seguridad Social prevé ingresa 105.863,21 millones por cotizaciones sociales a lo largo de 2013, un 23,55% de los estimado para todo el ejercicio.

• Con otras 275 personas imputadas, muchas de ellas, inmigrantes que querían regularizar su situación..
• Crearon empresas ficticias relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería.
• Su única actividad era tramitar altas en la Seguridad Social y percibir la prestación de desempleo o subsidios.

La Policía Nacional ha detenido en Cataluña a 145 personas y ha imputado a otras 275 acusadas de defraudar 7,8 millones de euros creando empresas ficticias para hacer falsos contratos de trabajo para cobrar después fraudulentamente la prestación de desempleo.

En una investigación que ha durado varios meses, los agentes han puesto al descubierto una trama que había creado empresas relacionadas con la construcción, servicios de limpieza y jardinería con la única intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

Según ha informado este martes la Policía Nacional, entre los detenidos figuran tanto los administradores de las empresas mercantiles ficticias como algunos de las personas que eran falsos empleados que habían pagado para ser contratados y así poder optar después a cobrar fraudulentamente el subsidio de desempleo.

Las investigaciones se iniciaron hace un tiempo, cuando el Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Cataluña detectaron 19 empresas inscritas en el Régimen General de la Seguridad Social carentes de actividad laboral real y efectiva.

Tras analizar la documentación de estas empresas y efectuar varios registros en ellas, los agentes pudieron comprobar que estas compañías, dedicadas supuestamente a trabajos de construcción, servicios de limpieza y jardinería, se habían creado con la única intención de defraudar al servicio público de empleo.

Según la Policía, únicamente dos de las 19 empresas investigadas habían tenido actividad real, aunque también habían sido utilizadas por sus administradores ilícitamente para hacer contrataciones falsas. Además del fraude en el cobro irregular de los subsidios, las empresas tampoco pagaban las cuotas de seguros sociales de los empleados que daban de alta.

Con la información recopilada en las empresas, los agentes solicitaron al servicio público de empleo todos los expedientes de paro de los trabajadores que presuntamente habían simulado una relación contractual con las firmas investigadas. Así, descubrieron que la mayoría de estos contratos correspondían a personas extranjeras que, en muchos casos, además de obtener un beneficio económico percibiendo de forma irregular un subsidio, también pretendían regularizar su situación en España.

Según la Policía, la cantidad defraudada hasta el momento asciende a 7.806.708 de euros, 4.821.246 de ellos por impagos a la Tesorería de la Seguridad Social, y 2.985.462 a subsidios percibidos ilícitamente del servicio público de empleo.

La investigación, que aún no ha finalizado, está estudiando todavía una parte de los expedientes de desempleo y las certificaciones individualizadas de lo cobrado indebidamente por cada uno de los falsos trabajadores, por lo que el montante del fraude podría aumentar.

La investigación la están llevando a cabo agentes de la Sección de Investigación de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Económica de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) central, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña.

• El régimen de la Seguridad Social ganó 7.746 cotizantes foráneos en marzo, un 0,5% más respecto a febrero, según el Ministerio de Empleo.
• Sin embargo, en términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 86.590 cotizantes.
• Todos los regímenes ganaron afiliados extranjeros el pasado mes de marzo, salvo el del Carbón, que bajó un 16,3% respecto a febrero.

La Seguridad Social ganó 7.746 cotizantes extranjeros en marzo, un 0,5% en relación a febrero, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.604.138 ocupados, informó este martes el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Con el repunte de marzo, la afiliación de extranjeros rompe con siete meses consecutivos de caídas. Del total de inmigrantes en alta al finalizar el pasado mes de marzo, 1.384.474 cotizaban al Régimen General; 214.863 al de Autónomos; 4.437 al del Mar, y 363 al del Carbón.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 86.590 cotizantes, un 5,12%, tasa que contrasta con el -4,27% del conjunto del sistema.

Según Empleo, estos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

Todos los regímenes ganaron afiliados extranjeros el pasado mes de marzo, salvo el del Carbón, que recortó su número de cotizantes un 16,3% respecto a febrero.

El mayor ascenso se lo anotó el Régimen del Mar, que ganó un 7,9% de afiliados respecto al mes anterior, seguido del Régimen de Autónomos (+0,92%), y el Régimen General (+0,40%).

Dentro del Régimen General, un total de 214.060 extranjeros, el 15,46%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,48% lo hacía en el comercio (172.851 afiliados), y casi el 7,4% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (102.984 cotizantes).

Asimismo, y dentro de este régimen, 212.992 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario, un 0,7% menos que en febrero, y 228.299, en el del hogar, con un crecimiento mensual del 0,8%.

Rumanos y marroquíes, los más numerosos

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de marzo, seis de cada diez procedían de países no comunitarios (998.657) y el resto (605.481) provenían de países miembros de la UE.

Dentro de los países no comunitarios, 190.773 eran de nacionalidad marroquí y 99.500 de nacionalidad ecuatoriana. China, con 85.723 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Bolivia, que cuenta con 78.469 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Colombia (74.288), Perú (50.071), Ucrania (32.960), Argentina (32.778), Paraguay (31.877) y República Dominicana (26.549), entre otros.

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y búlgaros son los más numerosos, con 257.168, 57.453 y 52.865 cotizantes, respectivamente.

Les siguen británicos y portugueses, con 51.717 y 39.376, y algo más lejos, alemanes, con 36.554 afiliados, y franceses, con 34.690.

El 43% de los extranjeros se concentran en Cataluña y Madrid

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en marzo pasado, al sumar entre ambas el 43,5% del total de inmigrantes ocupados.

En concreto, Cataluña contaba con 351.605 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 346.495.

Tras estas dos regiones se situaron Andalucía, con 211.338 afiliados extranjeros; Comunidad Valenciana, con 170.164 ocupados; Murcia, con 77.680; Canarias, con 77.566; Baleares, con 56.225; Castilla-La Mancha, con 54.494; Aragón, con 52.579; País Vasco, con 48.945, y Castilla y León, con 48.134.

Las comunidades con menor presencia de inmigrantes en alta a la Seguridad Social al finalizar marzo fueron Galicia, con 31.497 extranjeros; Navarra, con 21.470; Asturias, con 13.199; La Rioja, con 12.484; Extremadura, con 12.332; Cantabria, con 10.539, y las ciudades autónomas de Melilla, con 4.263, y Ceuta, con 2.861.

• La Policía Nacional ha detenido a 34 personas en Valencia que utilizaban empresas ficticias para obtener prestaciones y subsidios.
• Cada contratante ganaba 400 euros por trabajador contratado de forma fraudulenta, mientras que los falsos trabajadores conseguían el subsidio.

La Policía Nacional ha detenido a 34 personas en Valencia por cometer, presuntamente, 105 delitos de falsedad documental y estafa en los que se calcula que se han defraudado 1.283.022 euros, en una operación contra el fraude a la Seguridad Social que sigue abierta.

Así lo ha afirmado el comisario jefe de la Policía Nacional en la provincia de Valencia, Miguel González, en una rueda de prensa en la que también ha señalado que todos los detenidos, que no formaban una red organizada, fueron puestos en libertad una vez que se les tomó declaración.

La actividad de los detenidos, ha explicado González, consistía en la creación de empresas ficticias, fundamentalmente en el sector de la construcción y en algunos casos en el de las empleadas del hogar, con el fin de defraudar a la Seguridad Social mediante la obtención irregular de prestaciones y subsidios.

La operación, denominada 'Turia', comenzó en diciembre de 2012, a partir de la detención de 15 personas por falsedad para la obtención de nacionalidades para extranjeros y, durante las investigaciones, se detectaron irregularidades cometidas por distintas empresas y se iniciaron las pesquisas que han conducido a estas detenciones.

Los agentes de la Policía nacional recibieron informaciones del Servicio de Prevención de Delitos Económicos de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social sobre empresas que, sin contar con una actividad efectiva, daban de alta en la Seguridad Social a trabajadores.

De los 34 detenidos, catorce tienen nacionalidad española y, de ellos, cinco eran administradores y gestores de las empresas ficticias, mientras que el resto eran los trabajadores ficticios.

Algunos de los detenidos tenían antecedentes policiales, aunque "generalmente" carecían de ellos, ha apuntado el comisario jefe de la Policía.

Según González, una de las empresas incluida en la operación sí tenía una actividad legal, pero su gestor realizaba estas irregularidades sin conocimiento de los responsables de la empresa y las demás estaban "establecidas documentalmente", pero no existían ni tenían una actividad laboral real.

De la cantidad total defraudada, 817.875 euros corresponden a la Tesorería General de la Seguridad Social y 465.146 euros al Servicio Público de Empleo Estatal.
González ha aclarado que las distintas detenciones, la última de las cuales se produjo ayer, son "casos distintos" y que "no había una organización" entre los detenidos.

Falsos contratos

El supuesto contratante, ha explicado González, contrataba, a cambio de entre 100 y 400 euros, a personas interesadas en obtener prestaciones por desempleo, por incapacidad temporal o maternidad, entre otras.

El contratante realizaba los trámites de la Seguridad Social y pagaba las cuotas que previamente le abonaba la persona contratada y cuando se cumplía el plazo en el que se podía solicitar una prestación, el contratante dejaba de pagar la cuota de la Seguridad Social y el contratado recibía el subsidio.

Cada contratante, ha añadido González, ganaba unos 400 euros por trabajador contratado fraudulentamente.

"Estamos todavía en período de análisis de la documentación para determinar posibles estafas que se hayan cometido con anterioridad", ha asegurado el comisario jefe de la Policía.

Además, el subdelegado del Gobierno en Valencia, Luis Santamaría, ha afirmado que la operación "sigue abierta", de modo que "no es descartable que se pueda producir alguna detención adicional"

Esta operación, ha destacado Santamaría, se debe al "esfuerzo" que está realizando el Gobierno en la lucha contra el fraude, que trabaja en aflorar la economía sumergida, combatir percepciones indebidas de bonificaciones y prestaciones y descubrir los fraudes contra la Seguridad Social y la Hacienda pública.

• Millón y medio de empresas y autónomos recibirán desde abril las notificaciones de la Seguridad Social a través de la Red.
• El usuario podrá tramitar las obligaciones de cotización, afiliación y partes de alta y baja médica sin desplazarse.

El Ministerio de Empleo generalizará a partir del próximo lunes, 1 de abril, la implantación de las notificaciones telemáticas de la Seguridad Social (Notess) a un 1,5 millones de empresas y autónomos, con lo que prevé un ahorro anual de 32,3 millones de euros.  

La Orden Ministerial que regula el sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social ha sido publicada este jueves por el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La Seguridad Social precisa, por ejemplo, que casi un 10% de las notificaciones que se envían desde la Tesorería General obligan a su recogida en los servicios postales, lo que genera un coste total de 17,25 millones de euros.

En  virtud de este nuevo sistema, el usuario podrá tramitar las obligaciones de cotización, afiliación y partes de alta y baja médica de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como recibir mensajes de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) sin necesidad de desplazamientos innecesarios.

Las puesta en marcha de estas nuevas notificaciones telemáticas es fruto de la consolidación del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), que canaliza la relación telemática de la Administración de la Seguridad Social con las empresas y sus autorizados, y ahora con los trabajadores autónomos que estén obligados a transmitir por este sistema los datos de los trabajadores.

La nueva normativa supondrá que el 100% de las empresas españolas cumplirán sus obligaciones con la Seguridad Social a través del uso de medios telemáticos.

Un mes menos en las notificiaciones

Por otro lado, Empleo destaca el establecimiento de un mecanismo de alerta que informa de la existencia de una notificación electrónica mediante un mensaje de texto al teléfono móvil o a través del correo electrónico.

La implantación del sistema Notess de la Seguridad Social conseguirá centralizar y agilizar el tiempo de gestión administrativa, y dará continuidad al proyecto de reducción de plazos iniciado el pasado año, añade el Ministerio de Empleo.

En este sentido, confía en que estos se reduzcan de media en un mes al suprimirse la espera del correo postal y la publicación de Boletines Oficiales.

• España volvió a perder otros 3.964 trabajadores inmigrantes en el mes de febrero, un 0,25% en relación a enero.
• Los cotizantes extranjeros sufren más que los nacionales la crisis de empleo.
• La campaña de recogida de la fresa en Huelva ha reflejado un aumento mensual de la afiliación extranjera del 16,75%, según Empleo.

La Seguridad Social perdió 3.964 cotizantes extranjeros en febrero, un 0,25% en relación a enero, hasta situarse el número de inmigrantes en alta en 1.596.391 ocupados, informó este jueves el Ministerio de Empleo.

Con el descenso de febrero, la afiliación de extranjeros suma su séptima caída mensual consecutiva tras las bajadas de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año pasado y el retroceso de enero de este año (-16.517, -19.579, -26.961, -38.201, -17.823 y -45.495 cotizantes, respectivamente).

Del total de trabajadores inmigrantes en alta al finalizar el pasado mes de febrero, 1.378.941 cotizaban al Régimen General; 212.907 al de Autónomos; 4.110 al del Mar, y 434 al del Carbón.

En términos interanuales, la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social bajó en 85.157 cotizantes, un 5,06%, tasa que contrasta con el -4,42% del conjunto del sistema.

Según Empleo, estos datos constatan que se mantiene la tendencia ya apuntada en los meses anteriores de que la pérdida de empleo está afectando con mayor intensidad a los trabajadores extranjeros que a los nacionales.

El Ministerio ha destacado además que la campaña de recogida de la fresa en la provincia de Huelva ha reflejado un aumento mensual de la afiliación del 16,75%.

Todos los regímenes perdieron afiliados extranjeros el pasado mes, salvo el del Mar, que incrementó su número de cotizantes un 9,2% respecto a enero. El mayor descenso se lo anotó el Régimen del Carbón, que perdió un 2,5% de afiliados respecto al mes anterior, seguido del Régimen General (-0,27%), y el de autónomos (-0,25%).

Dentro del Régimen General, un total de 207.274 extranjeros, el 15,03%, trabajaba en la hostelería, mientras que el 12,6% lo hacía en el comercio (173.574 afiliados), y casi el 7,5% en las actividades administrativas y servicios auxiliares (103.053 cotizantes).

Dentro de este régimen, 214.504 extranjeros se encuadraban en el sistema especial agrario y 226.558, en el del hogar, con crecimientos mensuales del 15,5% y del 16,4%, respectivamente.

El 40% viven en Madrid y Cataluña

Del conjunto de inmigrantes afiliados a la Seguridad Social a cierre de febrero, seis de cada diez procedían de países no comunitarios (995.890) y el resto (600.502) provenían de países miembros de la Unión Europea.

Dentro de los países no comunitarios, 190.020 eran de nacionalidad marroquí y 100.616 de nacionalidad ecuatoriana. China, con 85.264 trabajadores, se sitúa como tercer país de procedencia de afiliados, por delante de Bolivia, que cuenta con 78.527 cotizantes.

El resto de afiliados no comunitarios se reparten entre Colombia (74.811), Perú (50.623), Ucrania (32.716), Argentina (32.528), Paraguay (31.378) y República Dominicana (26.498), entre otros.

Por su parte, de los que proceden de la UE-27, rumanos, italianos y búlgaros son los más numerosos, con 256.276, 56.619 y 51.959 cotizantes, respectivamente. Les siguen británicos y portugueses, con 50.897 y 39.802, y algo más lejos, alemanes, con 35.821 afiliados, y franceses, con 34.441.

Por comunidades autónomas, Cataluña y Madrid siguieron concentrando algo más de cuatro de cada diez extranjeros afiliados a la Seguridad Social en febrero pasado, al sumar entre ambas el 43,6% del total de inmigrantes ocupados. En concreto, Cataluña contaba con 349.977 extranjeros cotizantes, mientras que en Madrid la cifra era de 346.477.

• La medida, que entraría en vigor el año que viene, ha sido anunciada por el secretario de Estado de Seguridad Social.
• La información recibida será una mera "orientación" y no tendrá "efectos jurídicos".
• El Gobierno sopesa incluir en la carta o informe otras informaciones, como los recursos del sistema o posibles cambios legislativos.

El Ministerio de Empleo baraja comenzar a remitir a partir de 2014 a los trabajadores mayores de 50 años una carta o informe anual sobre cuál será la cuantía de su pensión desde el momento de la jubilación, de acuerdo con parámetros que aún están por determinar. De esta forma se daría desarrollo a uno de los mandatos incluidos en la última reforma de las pensiones.

Así lo ha avanzado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, durante un encuentro organizado por la Asociación de la Prensa de Información Económica (APIE), en el que ha querido dejar claro que esta información será una mera "orientación" y para nada tendrá "efectos jurídicos". Y es que esta información se elaborará con escenarios de cotización y legislación constantes, variables que más tarde pueden cambiar, según ha indicado Burgos, quien, en cualquier caso, ha recalcado que de esta forma se "refuerza el derecho de información sobre pensiones privadas y públicas".

Burgos ha resaltado también que todo el diseño de este proyecto está sujeto a cambios puesto que se trata de un proyecto de gran envergadura. "Somos conscientes de que supone cambiar la relación de los ciudadanos con el sistema, por eso hay que hacerlo de forma progresiva", ha dicho.

Este cambio de relación, ha ahondado, será "fundamental" para dar un paso hacia una cultura de mayor "conocimiento, sensibilidad y compromiso" de los ciudadanos con sus pensiones. De hecho, Empleo también sopesa incluir en la carta otras informaciones, como los recursos del sistema o posibles cambios legislativos, y cambiar el sistema de nóminas para incluir información sobre cómo se reparten las obligaciones de cotización entre el trabajador y el empresario para que "el ciudadano conozca a qué se dedica el dinero de las cotizaciones".

"Los menos costes posibles"

Por otro lado, Burgos ha señalado que la puesta en marcha de este sistema de información supone "un desafío técnico organizativo con pocos precedentes" en la Seguridad Social. En este punto, ha justificado que se empiecen a realizar estos envíos a personas a partir de los 50 años. A su juicio, se trata de una edad "razonable" en la que aún hay capacidad para tomar decisiones, pero que permite construir un sistema información no excesivamente tan costosos como el que derivaría de extender estas comunicaciones a todos los trabajadores.

En cualquier caso, ha señalado que ese umbral de 50 años es "el comienzo" con lo que previsiblemente se irá incrementando el nivel de cobertura en los próximos años. En este capítulo de costes, Burgos ha confiado en que la puesta en marcha de estos cambios acarré "los menos posibles" para la Administración porque "el sistema no está para gastos innecesarios".

Por su parte, la presidenta de la patronal aseguradora (Unespa), Pilar González de Frutos, ha ofrecido en el mismo acto su compromiso de mantener el mayor nivel de información posible sobre las previsiones de pensión, si bien ha recordado que en el caso del sector privado "no puede dar por seguras aportaciones" a los planes de pensiones, que son voluntarias, de cara a calcular las futuras pensiones.

Sin embargo, ha señalado que las aseguradoras su pueden compartir con la Administración elementos técnicos y otros criterios.

• La Policía ha detenido a 33 personas en distintas provincias españolas.
• El cabecilla de la red era un empresario de la construcción, también detenido.
• La empresa carecía de actividad laboral y se lucraba con los fraudes.

La Policía Nacional ha desmantelado una red que defraudó más de un millón de euros a la Seguridad Social a través de la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros y ha detenido a 33 personas en distintas provincias españolas, la mayoría en Ciudad Real, pero también en Madrid, Córdoba y Jaén.

Según ha informado este martes la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha, la captación de los trabajadores la realizaba personalmente el cabecilla de la red, un empresario de la construcción detenido, y tres intermediarios en reuniones de tipo religioso, generalmente del mismo núcleo familiar.

La investigación se inició a principios de enero a raíz de una información facilitada por la Oficina de Extranjeros de Ciudad Real, en la que se daba cuenta de la posible existencia de una empresa ficticia, sin ninguna actividad laboral, que estaría regularizando en nuestro país de manera fraudulenta a inmigrantes de distintas nacionalidades.

Tras una investigación exhaustiva sobre la citada empresa, pudo comprobarse que carecía de actividad laboral y que el único propósito de su propietario era lucrarse mediante distintos fraudes a la Tesorería de la Seguridad Social y a la normativa de regularización de extranjeros.

El empresario y sus colaboradores dieron de alta en su empresa fantasma a más 75 trabajadores acumulando una deuda en la Seguridad Social que ronda los 800.000 euros y otros 180.000 euros que se habría cobrado fraudulentamente por prestaciones por desempleo y ayudas familiares.

Cobraban prestaciones de desempleo

El 'modus operandi' era el siguiente: el cabecilla de la organización creaba una empresa ficticia con cuentas de cotización en diferentes provincias, con la única finalidad de obtener pingües beneficios económicos, que conseguía a través de los pagos mensuales que realizaban los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social.

Los trabajadores, a su vez, se beneficiaban del cobro de las prestaciones sociales por desempleo de los fondos públicos, que realmente nunca habían generado, así como de la obtención de permisos de residencia a los que tampoco tenían derecho y, en una ocasión al menos, beneficios penitenciarios como el tercer grado.

Un gran número de los trabajadores detenidos no conocían personalmente al empresario y los pagos por el alta en la Seguridad Social y contratos de trabajo lo realizaban mediante giros nominativos de correos.

El cabecilla de la organización no hacía efectivo el pago de las cuotas a la Seguridad Social y su empresa no llevaba a cabo actividad laboral alguna, y transcurridos unos meses los trabajadores eran despedidos, momento en que los mismos presentaban la documentación fraudulenta en los organismos oficiales para cobrar las prestaciones.

De los 33 detenidos, quince lo han sido en Ciudad Real, otros cinco en Madrid, ocho en Córdoba, cuatro en Sevilla y uno en Jaén, la mayoría con antecedentes policiales y con edades comprendidas entre los 26 y los 67 años.

• Se encadenan siete meses consecutivos de pérdida de ocupados  y en términos interanuales se ha registrado un descenso de 746.365 trabajadores.
• El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha subrayado que se aprecia una ralentización en la caída interanual.
• El paro supera por primera vez los cinco millones de desempleados.

El número medio de afiliados a la Seguridad Social se situó en 16,1 millones de ocupados en febrero, lo que supone 28.691 personas menos (0,18%) que en enero, según los datos difundidos este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A pesar de la caída, esta ha sido menor que la registrada en el mismo mes de 2012, cuando se perdieron 61.156 afiliados, el 0,36%. Sin embargo el dato es superior al de 2011, cuando se redujo en 14.744 personas. Con esta disminución de la afiliación en febrero, el sistema encadena siete meses consecutivos de pérdida de ocupados.

En términos interanuales la afiliación total del sistema ha registrado un descenso de 746.365 trabajadores, un 4,42%.

El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha subrayado en nota de prensa que se aprecia una ralentización en la caída interanual, lo que "no se puede considerar como un cambio de tendencia aunque sí se valora en términos positivos. El secretario de Estado ha destacado que los datos de febrero se han visto afectados por el fin de algunas campañas agrícolas y por el fin de periodo de rebajas en el comercio.

Los descensos más significativos se registraron en comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas (29.880 ocupados menos); actividades sanitarias y servicios sociales (9.604 menos); actividades administrativas y servicios auxiliares (1.175 menos).

En sentido contrario, los mayores incrementos corresponden a educación (12.373), hostelería (6.673), administración pública (5.040), transporte y almacenamiento (4.389) y construcción (2.718).

Respecto al régimen de autónomos, se contabilizaron 2,9 millones de afiliados medios en febrero, 11.118 personas menos respecto al mes anterior (caída del 0,37%).

Por su parte, en el régimen del mar la ocupación aumentó en 992 personas, hasta los 59.034 afiliados medios, mientras el carbón alcanzó 4.470 afiliados medios, tras perder 44 respecto a enero.

En relación con los convenios especiales de la Seguridad Social, el número de afiliados asciende en 206.834 (todos los regímenes) y 6.983 en asistencia sanitaria.

La afiliación en el total del sistema registró un descenso de 746.365 trabajadores (un 4,42%) en el último año.

En el régimen especial de trabajadores autónomos la tasa de variación interanual consignó un descenso del 3,44%, 48.126 personas menos.

En el sector marítimo el empleo disminuyó un 3,44% (1.007 personas) y, por último, la tasa de variación anual en el carbón retrocedió un 20,30% (1.138).

Por género, el número de afiliados masculinos alcanzó en enero los 8,6 millones, mientras que la afiliación femenina se situó en 7,4 millones.

En cuanto a la afiliación de trabajadores extranjeros, el mes pasado se registraron 1,5 millones de ocupados, de los que 1,3 millones pertenecen al régimen general, 212.907 al régimen de autónomos, 4.110 al mar y 434 al carbón.

• Cospedal dijo este lunes que la indemnización que se pactó con Bárcenas fue "en forma de simulación", sin dar más detalles sobre ello.
• Según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, esta simulación sería una infracción grave si se conociese la finalidad con la que se hizo.
• En el caso de Bárcenas, esa "simulación" no sería "técnicamente" una infracción a la Seguridad Social, sino "una irregularidad", dicen los Técnicos de Hacienda.

La relación laboral del extesorero Luis Bárcenas con el PP todavía no ha quedado muy clara. Este lunes, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, aseguraba en rueda de prensa que Bárcenas "dejó de tener cualquier tipo de relación laboral con el partido en abril de 2010". Cospedal no se cansó de repetir que el finiquito pactado fue "en diferido", pero también dejó una frase que podría entenderse como una irregularidad en el PP: "La indemnización que se pactó fue en forma de simulación en diferido, en partes de lo que antes era una retribución".

Una "simulación" es aparentar —simular— que hay un contrato cuando en realidad no hay una relación laboral con la empresa. Según la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la palabra "simulación" viene recogida en dos supuestos de infracciones graves.

En el primer supuesto (artículo 23), se considera una infracción muy grave "la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones". En el segundo de los casos (artículo 26), se apunta a una infracción muy grave "la simulación de la relación laboral (...) u otros incumplimientos que puedan ocasionar percepciones fraudulentas", dice la ley.

La frase pronunciada por Cospedal, que habla de "simulación" sin especificar con qué objetivo se ha hecho, "parece una irregularidad más que una infracción", explica a 20minutos.es José María Mollinedo, secretario general de los Técnicos de Hacienda. Esa simulación no sería "técnicamente" una infracción a la Seguridad Social, "pero estás engañando al decir que esa persona no está contratada cuando en realidad lo está", añade.

Una infracción sería, continúa este experto, "si se pudiera demostrar la finalidad que se persigue con esa simulación". En este caso, al no especificarse la finalidad de la simulación "los servicios jurídicos le habrían dicho [a Cospedal] que esto era compatible, porque técnicamente no es una infracción", dice Mollinedo.

Simulación en finiquitos

La práctica de la "simulación" en el caso de los finiquitos "no tiene sentido", prosigue Mollinedo, "porque la mayoría de las indemnizaciones están exentas de tributación", excepto si esa indemnización estuviese por encima de la que tendría derecho en base al Estatuto de los Trabajadores.

Aquí convendría saber, comenta este experto, cuál fue la indemnización que el PP pactó con Bárcenas y durante cuánto tiempo se iba a mantener esa relación laboral simulada y pactada.