Valga esta expresión del refranero popular para ilustrar lo que muchos pensaron a raíz de la polémica desatada tras las donaciones de la Fundación Amancio Ortega al Sistema Nacional de Salud por valor de 320 millones de € para equipos de alta tecnología en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, y la oposición a las mismas de las Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Antes que nada, decir que ningún responsable político autonómico, de cualquier partido, que son quienes suscriben los convenios formales con la Fundación del dueño de Zara y gestionan la sanidad, le ha hecho ningún asco a la donación y que salvo dirigir la inversión al cáncer no ha habido otro condicionante para la sanidad española.

Los argumentos planteados merecen ser tenidos en cuenta. Aducen que la sanidad debe financiarse adecuadamente por fondos públicos vía impuestos (lo cual es cierto) y no por aportaciones de empresarios que pueden no corresponder a los objetivos del sistema y "generar desigualdad" (lo cual es discutible).

España gasta unos 65.000 millones € anuales en sanidad, con lo que los 320 millones de que hablamos representan un 0,5%, una cantidad pequeña para alterar el sistema, pero desde luego significativa. No se discute que la financiación debe salir de las arcas públicas e invertirse con criterios discutidos democráticamente, pero cualquier gestor sanitario sabe que la demanda es siempre superior a la oferta y además crece de manera exponencial por la mayor necesidad de atención de una población envejecida o las mejoras tecnológicas, mas eficaces pero también mas caras. Frente a ello los presupuestos no pueden crecer de manera indefinida porque los impuestos tampoco lo pueden hacer y las demandas sociales de todo tipo compiten con el gasto sanitario que ya supone cerca de la mitad del presupuesto de las comunidades.

De ahí que no solo proceda que la sanidad acepte, sino también que busque fuentes alternativas de financiación siempre que sean lícitas y no comprometan los objetivos del sistema, lo que aquí se cumple plenamente. La crisis produjo un retraso en las inversiones que ha convertido en obsoletas muchas de las estructuras que ahora se van a reponer, como ya denunciaron en su día los especialistas en radioterapia que valoraron en 280 millones de euros las necesidades ineludibles de inversión, so pena de una pérdida de calidad y retraso de los tratamientos en un área tan sensible como esta.

A partir de aquí, los argumentos complementarios planteados, o al menos los que escuché en una tertulia televisiva me dejaron perplejo y lo mismo a los periodistas presentes que ponían cara de no entender nada. Se decía que disponer de toda esta tecnología (aceleradores lineales, PET-TACs, mamógrafos…) podía ser muy negativo por contribuir a irradiar a la población y además no iban a las raíces de los problemas de salud como la obesidad o los problemas de la atención primaria, que por esta regla de tres parecían por un momento ser culpa de ZARA.

Ni los profesionales relacionados con la oncología, asociaciones de pacientes o la propia Asociación Española contra el Cáncer comparten estas críticas, como tampoco las compartió nadie que se sepa cuando en Santander se produjeron aportaciones similares de los Botín u otras puntuales de menor cuantía en otros lugares. Estas donaciones privadas son habituales en países del ámbito de la Unión Europea como el Reino Unido, Alemania o Italia (no solo en USA como han dicho los detractores) donde no es infrecuente ver estructuras públicas financiadas por entidades o mecenas con nombre y apellidos sin que nadie se espante.

Nuestra sanidad necesita una financiación adecuada y para eso es necesario pagar unos impuesto justos y progresivos, cosa que evidentemente solo ocurre a medias. Pero eso no es motivo para rechazar este tipo de acciones de mecenazgo que pueden contribuir a mejorar la salud de los ciudadanos.