Los cuatro cazas F-18 y el avión de reabastecimiento, desplazados a la base italiana de Decimonannu (al sur de Cerdeña) se encuentran en disposición de actuar en cualquier momento y están autorizados a abrir fuego en aplicación de la resolución de Naciones Unidas.

Así lo ha explicado en rueda de prensa el jefe de Mando de Operaciones (CMOPS), teniente general Jaime Domínguez Buj, después de la reunión que ha tenido lugar en el Estado Mayor de la Defensa, presidida por la ministra, Carme Chacón, para analizar el desarrollo del despliegue de las Fuerzas Armadas en la misión internacional de Libia.

Domínguez ha indicado que cinco aviones de combate españoles se encuentran ya "transferidos e integrados" en la coalició de los aliados y que "pueden actuar en cualquier momento", siempre y cuando el general al mando de la operación internacional, William Walt, dé la orden.

Domínguez Buj ha precisado que "es el comandante de la operación quien dice los pasos a seguir y las reacciones ante el sospechoso o dudoso enemigo". "Estamos ante un importante despliegue de medios militares, aéreos y navales", ha dicho Domínguez, en el que destaca la "rapidez de las Fuerzas Armadas españolas".

Además, Domínguez Buj ha explicado que la fragata Méndez Núñez ha zarpado este domingo por la tarde desde Ferrol y se dirige a Rota para "preposicionarse" y llegar a la zona de operaciones en el menor tiempo posible, una vez que se apruebe la misión de embargo de armas que también establece la resolución de la ONU.

El submarino Tramontana, por su parte, está en su base de Cartagena preparado y a la espera de instrucciones, al igual que el avión de vigilancia marítima C-235.

El Gobierno ha resaltado este domingo la "plena legitimidad y legalidad" de su decisión de colaborar en la operación internacional contra el régimen del líder libio, Muamar el Gadafi, y ha rechazado cualquier tipo de comparación con la intervención que en su día hubo en Irak.

Así se han expresado fuentes del Ejecutivo que han subrayado que "España no podía permanecer de brazos cruzados" ante la resolución aprobada por Naciones Unidas en relación con Libia y, de ahí, que haya ofrecido aviones y naves para participar en la misión, así como el uso de las bases de Rota y Morón.

El Gobierno destaca que ha considerado en todo momento como una condición indispensable para la intervención en Libia que la ONU concediese su aval, algo que se hizo efectivo con la aprobación de la resolución 1973.

A partir de ahí, "España no puede dar la espalda a la comunidad internacional y menos en un territorio como el Mediterráneo", han recalcado las fuentes, que se han mostrado convencidas de que los ciudadanos entienden la decisión del Ejecutivo.

El Gobierno asegura que "no hay el más mínimo atisbo" de incumplir la legalidad con su decisión de enviar varios aviones de combate a la misión en Libia sin que haya obtenido previamente el visto bueno del Parlamento.

En ese sentido, recuerda que el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional señala que "en las misiones en el exterior que, de acuerdo con compromisos internacionales, requieran una respuesta rápida o inmediata a determinadas situaciones, los trámites de consulta previa y autorización (del Congreso) se realizarán mediante procedimientos de urgencia que permitan cumplir con dichos compromisos".

Así, continúa el artículo, "cuando por razones de máxima urgencia no fuera posible realizar la consulta previa, el Gobierno someterá al Congreso de los Diputados lo antes posible la decisión que haya adoptado para la ratificación en su caso".