El juez dejó al mediodía en libertad sin cargos a los dos ciudadanos que ayudaron a los agentes a reducir al hombre, ambos de nacionalidad española y que trabajan en la zona donde se produjeron los hechos, según informó en rueda de prensa el superintendente de la Policía Local de Marbella, Rafael del Pozo.
Los detenido pasaron por la mañana a disposición judicial mientras se realizaba la autopsia al cadáver del hombre, de unos 50 años de edad, extranjero y aún sin identificar.
Los primeros resultados del examen no revelaron causa alguna concluyente de la muerte, lo que, inicialmente, indicaría que
No obstante, la autopsia está a falta del análisis de las muestras tomadas al cuerpo, que se han remitido al Instituto de Toxicología, en Sevilla, y cuyo resultado completará el informe y ayudará a determinar la causa exacta del fallecimiento.
Los hechos sucedieron sobre las 14.30 horas del lunes en el cruce entre las calles Camilo José Cela y Gregorio Marañón.
Los agentes acudieron tras recibir dos llamadas advirtiendo de la presencia del hombre que, al parecer, tenía un comportamiento agresivo, según fuentes policiales.
El juzgado abrió una investigación para esclarecer la posible implicación de los cuatro policías locales y los dos ciudadanos, que ayudaron a reducir al hombre, que fueron detenidos tras la declaración de algunos testigos, que aseguraron que los agentes hicieron uso de la fuerza para detener al hombre y
El grupo municipal socialista y el grupo municipal andalucista en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) registraron una solicitud de comparecencia de la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, ante la junta de portavoces del Consistorio para que dé "información veraz y oficial" de la actuación policial.
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, pidió que no se adelanten acontecimientos en el caso "hasta que haya un relato preciso de los hechos". Por su parte, el delegado de Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, afirmó que la institución que representa espera una "pronta resolución" y manifestó que "como no puede ser de otra forma", el Gobierno parte de la presunción de inocencia de los detenidos.
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