Así lo señalaron el martes fuentes de la Audiencia Nacional. Los magistrados tienen un plazo de cinco días, a contar desde el martes, para decidir sobre la citada medida cautelar de paralización, que acordaron adoptar el pasado viernes hasta escuchar, en vista pública, los argumentos del abogado del Estado, en nombre del Gobierno central, y del Ayuntamiento de Salamanca.

El abogado del Estado defiende que se levante la paralización y se autorice el traslado de los 'papeles' a Catalunya, mientras que el Ayuntamiento salmantino reclama que se mantenga la suspensión del traslado.

Esa medida "cautelarísima" se tomó a petición del consistorio salmantino, que había recurrido a la Audiencia Nacional por entender que en la salida de los documentos del Archivo se prescindió del procedimiento previsto por la propia Ley de Restitución de los documentos a la Generalitat ya que entre ellos hay algunos que no son de esa institución.

Documentos en disputa

Entre esos menciona siete cajas del Juzgado de Instrucción de Igualada; un expediente del Juzgado de Villafranca del Penedés y 164 legajos del Comité Central de las Milicias Antifascistas.

La decisión de la Audiencia interrumpió el viaje de los documentos, que, en palabras de la propia ministra de Cultura, Carmen Calvo, deberían haber salido "cuanto antes mejor" hacia Barcelona donde la Generalitat esperaba recibirlos en todo caso antes del miércoles, día para el que había organizado un acto de recepción.

La consejera de Cultura y Turismo, Silvia Clemente, cifró en 160 las cajas que contienen documentos ajenos a las instituciones autonómicas catalanas "y que los expertos ya pusieron de manifiesto. No se puede entregar lo que nunca les perteneció", apostilló.

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