El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno-Ocampo, dijo este lunes que la suspensión provisional en España del juez Baltasar Garzón no constituye un obstáculo para su contratación en La Haya.
Moreno-Ocampo responde así al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de Gobierno de los jueces españoles, que el viernes acordó la suspensión cautelar de Garzón por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo (1936-1975).
Según informaron fuentes del CGPJ, el de la Fiscalía de la CPI es uno de los cinco informes que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó solicitar el pasado viernes antes de decidir si conceden el traslado de Garzón a La Haya.
Argumentos
Moreno-Ocampo indica en su escrito que la Fiscalía, que ha ofrecido a Garzón un puesto de consultor externo, ya conocía la investigación abierta y añade que comprende que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial éste debía ser suspendido de sus funciones. La Fiscalía también indica que no advierte razones para modificar la decisión de contratar a Garzón y aclara que el cargo de asesor no incluye ningún tipo de inmunidad procesal.
Los otros cuatro informes fueron solicitados a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Secretaría General del CGPJ. Una vez que el Consejo reciba todos los informes, la Comisión Permanente se reunirá de inmediato para decidir sobre el traslado de Garzón.
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