El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó este martes la necesidad de respetar la acción del Tribunal Supremo en relación al juez Baltasar Garzón, que será juzgado por su investigación de los crímenes cometidos durante el franquismo, lo que no impide que España sea un país "en el que se pueden expresar libremente las ideas".

Zapatero instó a respetar la acción de "las instituciones centrales del funcionamiento del Estado de Derecho", una de las cuales es la Justicia, "y máxime al más alto nivel, como es el Tribunal Supremo".

"Es un acto que debemos llevar a cabo todos responsablemente", recalcó el jefe del Ejecutivo español, antes de precisar: "Eso no impide que tengamos un país en el que se pueden expresar con libertad las ideas, pero la libertad debe ir acompañada del respeto al Tribunal Supremo, muy especialmente cuando tenemos un sistema judicial que establece garantías, recursos, etcétera".

"Desearía que el respeto fuera el terreno del debate en esta materia cuando se trata de decisiones judiciales", insistió Zapatero.

Malestar en el CGPJ

Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) expresó este martes su "preocupación y tristeza" ante "las diversas manifestaciones que de forma sistemática vienen produciéndose atacando la actuación jurisdiccional del Tribunal Supremo" respecto a la causa abierta a Garzón.

El CGPJ se refería "de manera especial" a las declaraciones hechas este martes "por personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado", en alusión a la intervención de, entre otros, el ex fiscal jefe Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo en el acto en defensa de Garzón organizado por UGT y CC OO en la Universidad Complutense de Madrid.

Jiménez Villarejo acusó a los magistrados del Supremo de constituirse en un instrumento de la "actual expresión del fascismo español" por admitir las querellas de Falange Española de las JONS y del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez.

El Consejo "reitera con firmeza la ineludible necesidad de respetar la actuación de los órganos judiciales, cuya cúspide ostenta el Tribunal Supremo". "Sin perjuicio de recordar la legitimidad de la crítica a las resoluciones judiciales, el descrédito hacia el propio Estado de Derecho que producen manifestaciones como las anteriormente referidas no resulta tolerable", señala el texto.