El Defensor del Profesor atendió durante el pasado curso escolar un total de 182 casos, ocho más que el anterior, y casi el 70 por ciento de éstos registrados en los centros de Educación Secundaria, según se desprende del informe hecho público hoy, en el que se incluye, como novedad, la aparición de dos nuevas figuras, el ciberbullying —utilización de nuevas tecnologías al servicio de una nueva forma de violencia— y el mobbing laboral en los centros de la Región.

En concreto, se detectaron cuatro casos de ciberbullying, todos ellos en los centros de Secundaria, precisó el presidente de ANPE en Murcia, Clemente Hernández, quien recordó que años anteriores "había menos, quizás porque existía un menor hábito de navegación por las redes".

Es por ello por lo que expresó la preocupación de los docentes murcianos que "se sienten indefensos", ya que, advirtió, "esta forma de acoso al profesorado goza de total impunidad y no es fácil tampoco identificar a los actuantes".

Mientras que los casos de mobbing ascendieron a cinco el pasado curso 2008-2009, de los que uno se registró en Educación Infantil y Primaria y los cuatro restante en Secundaria, siendo en el 80 por ciento de los casos denunciados por los profesores de enseñanza Secundaria.

Por contra, Hernández destacó el "ligero descenso" de los casos motivados por los actos de indisciplina (85), la mayoría de ellos (73 por ciento) en el ámbito de Secundaria, aunque "no dejan de ser importantes".

Unido, de este modo, a otras conductas que dificultan el ejercicio de la docencia, tales como interrupciones por la impuntualidad, la asistencia a clase sin el material de trabajo, conductas agresivas o negativas, que ascendieron a 52, también casi en el 70 por ciento de los casos en Educación Secundaria. Al hilo, alertó "de casos de falsas denuncias que generan problemas serios entre el profesorado".

No obstante, la mayor preocupación para este Servicio del Defensor del Profesor continúan siendo las intimidaciones y/o agresiones provenientes tanto de alumnos (cuatro casos, todos en Secundaria), como de padres y familiares (dos casos en Infantil y Primaria).

Como consecuencia de estas situaciones, casi el 40 por ciento de los profesores, expuso Hernández, sufren estrés, ansiedad, y pérdida de autoestima; llegando al 22 por ciento de aquellos que padecen síntomas depresivos; y el 15 por ciento incluso cogiéndose una aja laboral.

El perfil del alumno que presenta estas actitudes calificadas de "conflictivas" suele ser, en la mayoría de los casos, en la etapa de ESO, con edades comprendidas entre los 13 y 15 años, con problemas académicos, promotores también de conflictos con sus propios compañeros y que carecen, igualmente, de hábitos de trabajo y expectativas académicas.

"canear al profesor por 180 EUROS".

A tenor de esta situación, ANPE ha propuesto diez medidas para mejorar la convivencia en los centros docentes, y que se recogen en dicho informe.

La primera de ella hace referencia a la necesidad de contar con una ley de autoridad pública del docente, en el sentido de que se reconozca jurídicamente al profesor como autoridad pública en el ejercicio de su función.

En esta línea, Hernández lamentó que en Murcia aún "no se haya encontrado respuesta, mientras que en comunidades como Madrid se encuentra en las últimas fases y en dos o tres meses será efectiva y en Valencia, ayer la Consejería de Educación presentó el borrador de la misma".

Es por ello por lo que consideró que "debemos ir en la misma línea" al objeto de poder conseguir ese reconocimiento de autoridad pública y "evitar situaciones que se han dado bastante serias", como es el caso de una sentencia dictada en 2008 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Caravaca de la Cruz, en la que se condenaba a la madre de una alumna de Primaria por agresión física e injurias a un docente; hechos que se produjeron en la calle y ante la presencia de numerosos testigos.

La condena fue de una pena de 30 días de multa con la cuota diaria de seis euros al día, por lo que el montante total ascendía a 180 euros. Una vez que la sentencia fue comentada entre los propios profesores, algunos de ellos "sugirieron que los padres podrían divertirse con los profesores porque con 180 euros se nos puede canear de forma fácil".

Igualmente, el presidente de ANPE en Murcia destacó la importancia de "la presunción de veracidad, ya que lo que no se puede aguantar es que cuando hay una disputa entre un alumno y un docente, o un padre y un docente, se diga que es su palabra contra la tuya". Situaciones que, según advirtió, ocurren actualmente y que provocan un cierto "desamparo" en la Región por parte del profesorado.

Por todo ello, Hernández lanzó al Gobierno regional el mensaje de necesidad de "iniciar los trámites para contar con esa ley de autoridad pública para el docente murciano, ya que en otras comunidades lo han hecho".

El resto de propuestas pasan por la consideración de atentado a la autoridad en la calificación de la fiscalía hasta tanto se disponga de legislación definitiva, en los casos de agresiones de sus funciones, de forma que el bien jurídico protegido no sólo sea el profesor, sino también el servicio público de la educación.

Apoyar la función del profesor devolviéndole su autoridad magistral, así como el estar amparado por la Consejería de Educación, asegurando también legalmente su protección y reconociendo su dignidad son otras de las propuestas del sindicato de educación.