Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado, entre otras reformas judiciales, limitar la aplicación del principio de jurisdicción universal penal por parte de la Justicia Española, es decir, su capacidad para juzgar crímenes de lesa humanidad (genocidio, torturas, terrorismo...) cometidos fuera de España.

La enmienda pactada entre PP y PSOE, que afectaría sobre todo a la Audiencia Nacional, limita su aplicación a los casos en los que se acredite que los presuntos responsables del delito se encuentran en España o que existen víctimas españolas o vínculos relevantes con nuestro país.

El 5 de octubre de 2005 el Tribunal Constitucional falló que la justicia española era competente para juzgar delitos de lesa humanidad cometidos fuera de España, incluso si no afectan a españoles.

Con estas nuevas limitaciones, la Audiencia Nacional podría intervenir en en casos en marcha como la matanza del Ejército israelí en Gaza o la represión del régimen chino en el Tíbet.

Casos afectados

No afectarían sin embargo a otros casos, como el procesamiento hace años, por parte del juez Baltasar Garzón, del dictador chileno Augusto Pinochet, por la muerte de españoles en la represión desencadenada tras su golpe de estado.

Tampoco afectaría a la nueva investigación de Garzón sobre las torturas en la base de Guantánamo a raíz de la denuncia presentada por el ciudadano español Hamed Abderrahman Ahmed, conocido como "el talibán español".

La limitación tampoco frenaría el procesamiento de tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del cámara de televisión español José Couso.

La enmienda acordada es fruto de la propuesta de resolución consecuencia del debate sobre el estado de la nación que el pasado martes también pactaron en el pleno socialistas y populares, y fue aprobada por una amplia mayoría en la Cámara Baja.

No obstante, el Partido Popular ha matizado que no existe aún ningún acuerdo "cerrado" con el PSOE, aunque sí hay un acuerdo "de principio" que esperan cerrar el lunes.