La plataforma ciudadana Derecho a Vivir ha congregado en torno un centenar de personas en su "fiesta por la vida" en Alcalá de los Gazules (Cádiz), localidad natal de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, para protestar por la reforma de la ley del aborto.

En un ambiente familiar y con camisetas rojas con el logotipo de la campaña, se han concentrado en el centro del pueblo con pancartas contra el aborto, algunas alusivas a la ministra de Igualdad con lemas como "Bibi: vive y deja vivir" o "Aído, agradece que has nacido".

Con esta concentración, Derecho a Vivir quiere pedir al gobierno central que "pare la nueva ley del aborto porque todavía se puede frenar", según declaró a Efe el presidente nacional de la plataforma, Ignacio Arsuaga. Confían en que estas manifestaciones contribuyan a generar un debate ciudadano en torno al aborto, para que "la nueva Ley pro-abortista no se apruebe rápidamente y sin debate" como pretende el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en palabras de Arsuaga.

Tras la comida de convivencia que los manifestantes compartieron, Arsuaga se reunió con los familiares de la ministra Bibiana Aído. La organización entregó a la tía de Bibiana Aído una caja con materiales promocionales de Derecho a Vivir e información sobre por qué se oponen a la reforma. "Creemos que hacer llegar nuestra oposición a la ministra a través de sus familiares es una buena forma", comentó Arsuaga.

El presidente de la plataforma ciudadana calificó la "fiesta por la vida" como "una concentración a favor de la vida y de la mujer y en contra del aborto con carácter reivindicativo, pero también festivo" y enfatizó que muchas de las firmas recogidas en Alcalá de los Gazules, una localidad de la sierra gaditana que no llega a los 6.000 habitantes, "son de votantes del PSOE pero que están a favor de la vida".

Esta plataforma considera que el aborto supone una muerte violenta de una vida humana así como un problema de salud para la mujer, que sufre secuelas. Derecho a la Vida cree que de aprobarse la Ley "sólo acrecentará este grave problema y hará aumentar los 120.000 abortos que se produjeron en España el pasado año".

Arsuaga también manifestó que esta reforma legislativa "no tiene apoyo ciudadano, sino simplemente empresarial, porque sólo el 2% de los abortos se producen en clínicas públicas, y para las clínicas privadas modificar la Ley del aborto es un negocio muy rentable".