El consejero de Economía y Hacienda de Madrid, Antonio Beteta, ofreció este miércoles la posibilidad de "iniciar conversaciones" con el Gobierno central para llegar a un acuerdo sobre la ley de cajas autonómica, con el fin de que se adapte a la normativa estatal y se reanuden las elecciones en Caja Madrid.

Así lo aseguró Beteta tras conocer que el Tribunal Constitucional ha admitido este miércoles a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno a finales de marzo  contra la ley de cajas aprobada por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, que rebaja la representatividad de las corporaciones municipales en los órganos de Caja Madrid y se reserva la decisión sobre la presidencia de la cuarta entidad financiera de España.

La admisión a trámite de dicho recurso supone la suspensión cautelar de la norma durante cinco meses y previsiblemente la paralización del proceso electoral que debería terminar en septiembre con la renovación de la Presidencia de la entidad, que ocupa Miguel Blesa. De esta forma, el Gobierno intenta frenar los planes de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, para controlar Caja Madrid.

Superar las diferencias

Beteta instó al Gobierno central a debatir en los distintos foros de cooperación -por ejemplo, el de la Comisión Bilateral de Cooperación entre el Estado y la Comunidad de Madrid- para llegar a un acuerdo sobre la ley de cajas regional "en los términos que ya indicó el Consejo y la Abogacía del Estado". De ese modo, Beteta considera que se superarían las diferencias de la Comunidad con el Gobierno central acerca de la normativa regional de cajas.

De alcanzar un acuerdo entre las dos partes, la Asamblea de la Comunidad de Madrid recibiría un texto modificado que debería aprobar y en el que estarían recogidos los principios de la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA). "Todo ello con el objetivo de poder reanudar el proceso electoral abierto en Caja Madrid y que esté culminado antes de fin de año", señaló Beteta.

Suspensión automática

En una providencia notificada este miércoles, el Constitucional anuncia que tramitará la impugnación de los servicios jurídicos del Estado contra el artículo 28 de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, referido a la ley de cajas que debe regir el proceso electoral en Caja Madrid.

Según el artículo 161.2 de la Constitución Española, la impugnación de una norma autonómica por parte del Gobierno supone la suspensión automática de ésta -sólo en lo que se refiere a los artículos recurridos-, que el Constitucional deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

El Gobierno regional tiene ahora 15 días para presentar las alegaciones que considere convenientes.

La batalla por el control de Caja Madrid

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad mantienen una batalla legal por el control de Caja Madrid. El Gobierno de Esperanza Aguirre ha aprobado una nueva ley de cajas que, según la administración de Alberto Ruiz Gallardón, cambia el equilibro de poder en la entidad.

El pasado mes de marzo el presidente de la patronal de las cajas de ahorros calificó de 'esperpento' la situación que vive Caja Madrid y denunció el intervencionismo del gobierno regional en la entidad.

La CECA pidió el pasado enero al gobierno que garantice por Ley la independencia de las cajas en un momento en el que Caja Madrid sufre duros enfrentamientos por las competencias de los organismos regionales y autonómicos.