La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, restará poder al Ayuntamiento de Madrid en la representación que tiene en los órganos de Caja de Madrid al establecer un límite máximo del 30% (ahora tiene el 70%) de los consejeros del sector por corporación, tal y como se fija en otras comunidades autónomas, según informaron a Europa PRess fuentes del grupo popular en la Asamblea.

De esta manera, a su juicio, se establece una "proporcionalidad democrática" en la representación de todos los ayuntamientos de la región en la segunda caja de ahorros más importante de España.

Aguirre, además, se reservará la reelección de Miguel Blesa como presidente de esa entidad financiera, puesto que para poder ser reelegido tendrá que ser antes designado por el mismo sector que le nombró, que no es otro que la Asamblea de Madrid, donde el PP tiene mayoría en la Cámara regional, según se desprende de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular al proyecto de ley de Medidas Fiscales y Administrativas, cuyo plazo culmina a las 14:00 horas.

La elección de consejeros generales por el sector de las corporaciones municipales se efectuará con criterios de territorialidad mediante la delimitación de dos circunscripciones electorales: la primera, de la Comunidad de Madrid y la segunda, del resto de Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, donde las cajas de ahorro tengan oficina abierta.

Y precisamente para favorecer una mayor extensión territorial entre los diversos municipios de la Comunidad de Madrid se establecerá un límite máximo del 30% de los consejeros del sector por corporación; es decir, ningún ayuntamiento podrá superar ese porcentaje tal como establecen, por ejemplo, las legislaciones de Andalucía (25%), Castilla y León (20%), Cataluña (20%), Rioja (30%) o Murcia (20%).

En este sentido, las enmiendas presentadas por el PP proponen que la elección de los consejeros generales del sector de las corporaciones municipales lo sean en función del peso real de los grupos políticos de acuerdo con la voluntad popular. De esta manera, se elimina la asignación mínima de representantes por cada grupo político integrante de las corporaciones municipales, privilegio que no se contempla en la normativa de Cajas del resto de comunidades autónomas.

La futura norma, si se aprueban las enmiendas del Grupo Popular, establecerá la posibilidad de que los consejeros generales, vocales y miembros de la Comisión de Control podrán prorrogar su mandato seis años más de los 12 permitidos "sólo en el caso de que la representación por la que se reelija fuera por el mismo sector por el que fueron elegidos la vez anterior".

Esto debería afectar directamente al actual presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, que podrá ser elegido por el Consejo de Administración si antes es designado vocal por el mismo sector que le eligió -la Asamblea de Madrid-- y no por otro diferente.

Igualmente, se da entrada a representantes de la sociedad civil al incluirse, además de organizaciones empresariales, sindicatos y universidades, a universidades privadas y la Cámara de Comercio de Madrid como entidades firmemente arraigadas en el tejido social autonómico