Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han solicitado al Gobierno que aporte, para subsanar el déficit de la financiación sanitaria, al menos 1.800 millones de euros que deberían quedar consolidados para el futuro en el sistema actual.

Antes de desgranar los puntos concretos de su propuesta, el PP señala en un comunicado que, aunque comparte con el Gobierno la necesidad de solucionar las tensiones financieras de la sanidad, rechaza la solución propuesta por el ejecutivo porque se basa "exclusivamente en una subida de impuestos" que califica de "injusta, antieconómica e insolidaria".

Además cree que el Gobierno parte de la tesis equivocada de que este es un problema de las CCAA con las que el Estado accede a colaborar. "Nos encontramos ante un problema nacional que, como tal, debe ser resuelto por el Gobierno de la Nación con los recursos con los que cuenta para hacer frente a sus obligaciones y sin apelar a nuevos impuestos que incrementen la presión fiscal".

La propuesta, expuesta en el CPFF que preside el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y al que asisten los consejeros de Economía de todas las Comunidades Autónomas, tiene cinco puntos.

En el primero se señala que "el Gobierno debe restablecer el equilibrio inicial" del sistema de financiación, aprobado por unanimidad en 2001, y que "se ha visto alterado por el crecimiento 'anormal' de la población".

La consejera de Economía y Hacienda de Murcia, Inmaculada García, explicó en declaraciones a los medios que desde el año base del sistema actual, 1999, ha habido un crecimiento de 3,7 millones de habitantes y opinó que el "ajuste necesario ha de hacerlo el Gobierno central, puesto que es un problema de solidaridad e igualdad". Para ello el Estado debería aportar "un mínimo de 1.800 millones de euros que se consolidarán en el modelo".

El PP asegura que la cifra se deriva de los propias estudios del Gobierno. Además pide que esa cantidad evolucione y se reparta entre las CCAA con los mismos criterios que se recogen en el modelo actual, que contemplan no sólo la población de cada autonomía sino su envejecimiento y el hecho insular.

En opinión de Inmaculada García, el crecimiento del presupuesto del Estado previsto para 2006, de un 7,6 por ciento, da un margen suficiente para la aportación que se pide al Estado si el Gobierno considera prioritaria la Sanidad. Con esas medidas, añadió, no sería necesario subir los impuestos de electricidad e hidrocarburos en las CCAA, una medida que aumentaría la inflación y perjudicaría la competitividad.

El segundo punto de la propuesta popular pide que se mantenga la cláusula que en el modelo actual garantiza que los recursos destinados a la sanidad crezcan al menos igual que el PIB.

Esa cláusula, que el sistema contemplaba sólo para los tres primeros años y por tanto ya no es efectiva, ha tenido que ser aplicada, recuerda el PP, en diez CCAA por lo que su desaparición "pone en peligro la prestación del servicio a medio plazo en estos territorios".

Además señalan que "el Gobierno, en el plazo más breve posible, debe establecer la Cartera Básica de Servicios Sanitarios" y "desarrollar el Fondo de Cohesión Sanitaria" que establece el sistema actual "tanto en lo que respecta a su cobertura financiera como a sus normas de reparto y utilización".

Finalmente se señala que se debe garantizar que en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla -únicos territorios en los que la asistencia sanitaria no está transferida y sigue dependiendo del Estado- la prestación de los servicios sanitarios se haga "en condiciones de calidad equiparables al resto del territorio".

Para la consejera murciana, la propuesta alternativa del PP es simplemente la de un "pleno desarrollo" del modelo aprobado en 2001, que consideran "suficiente y válido" si se aplican los mecanismos que contempla "para los casos excepcionales como el que se ha producido".

Camps, a favor de la propuesta

El consejero de Economía de la Comunidad Valenciana, Gerardo Camps, consideró el miércoles que la propuesta del PP "no es desorbitada" porque supone "un 1 por ciento" del gasto del Estado. 

"Creo que la Sanidad tiene la suficiente importancia y es un tema lo suficientemente prioritario como para destinarle un 1 por ciento de los gastos", apostilló.

Camps explicó que además hay que tener en cuenta "el actual crecimiento de los ingresos del Estado español" puesto que las cuentas se encuentran en una situación de "claro superávit".

Argumentó que para evitar tensiones financieras en las Comunidades Autónomas, serían necesarios 2.400 millones de euros, de los cuales 1.800 correrían a cargo del Estado y el resto, 600 millones, lo podría asumir las Comunidades Autónomas.