Hacienda estudia con bancos y cajas de ahorros un acuerdo para poder recibir información periódica sobre operaciones en efectivo que sean superiores a 3.000 euros y que podrían ser consideradas de "riesgo de fraude fiscal", tal y como adelantó hace una semana 20minutos.

Así lo explicó este jueves el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, tras presentar las nuevas medidas de la actualización del Plan de Prevención de Fraude Fiscal 2005-2008 de la Agencia Tributaria (AEAT) y que centrará sus esfuerzos, entre otros objetivos, en la lucha contra la economía sumergida procedente del comercio exterior.

Ocaña explicó que el acuerdo con las entidades financieras se alcanzará en 2009 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2010, cuando las entidades financieras empezarían a remitir, posiblemente una vez al año, una "declaración informativa" sobre operaciones de riesgo "importantes". Este anuncio se produjo después de que el secretario de Estado de Hacienda reconociera que hace un mes se produjo un "sorprendente" aumento en la circulación de este tipo de billete, "algo extraordinario" y que, según dijo, se debió a la "inestabilidad financiera" que provocó "nerviosismo" y llevó a los ciudadanos a cancelar depósitos y cuentas bancarias para tener liquidez.

Actualmente, la Agencia Tributaria lleva a cabo un programa de control de circulación de billetes de 500 euros, de "alta denominación", pero ante la posibilidad de que los defraudadores dejen de utilizarlos y los cambien por otros de valor más bajo, como de 200 euros, quieren acordar con bancos y cajas un nuevo control que vigile la "disposición, retirada o ingreso de operaciones superiores a 3.000 euros". No obstante, Ocaña precisó que Hacienda "no quiere que esta medida tenga costo" para las entidades financieras.

140 medidas

Asimismo, entre las 140  medidas del nuevo Plan de Prevención de Fraude Fiscal destacan el mayor control en las aduanas para evitar el fraude en las transacciones de comercio exterior y la creación de un nuevo Foro entre grandes empresas y la Agencia Tributaria para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los "grandes contribuyentes".

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, precisó que se trata de reducir los riesgos fiscales para las empresas y los litigios, ya que la deuda suspendida de las grandes empresas por recursos ante los tribunales alcanza actualmente los 6.000 millones de euros. Además se vigilarán sectores de riesgo como el inmobiliario y las tramas de IVA nacionales e internacionales y se impulsará la atención a la prevención y corrección del fraude en la fase recaudatoria.