Tres ex ediles del GIL de Marbella entran en prisión para cumplir su pacto con la Fiscalía

  • Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano ingresaron de forma voluntaria.
  • El acuerdo contempla nueve meses de cárcel y diez de inhabilitación.
  • El delito: dar varias licencias de construcción en terrenos rústicos.
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El ex edil y ex alcalde accidental, en una de sus últimas comparecencias.
El ex edil y ex alcalde accidental, en una de sus últimas comparecencias.
EFE
El ex edil y ex alcalde accidental, en una de sus últimas comparecencias.

Los ex concejales del Grupo Independiente Liberal (GIL) Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano, han ingresado en la cárcel del municipio malagueño de Alhaurín de la Torre para cumplir con la pena de nueves meses de prisión pactada con la Fiscalía por un delito urbanístico.

Los ex ediles entraron ayer de forma voluntaria tras recibir la sentencia firme que les condena por la concesión de licencias para la construcción en Marbella de 250 viviendas a la empresa Algabamar II SL, según publica Sur. Fuentes de sus defensas aseguraron que "al conformarse en el juicio con la pena solicitada por el ministerio público, no cabía recurso y tenían que ingresar en prisión".

Subrayaron que estos ex concejales durante el juicio se conformaron con la pena de prisión pedida por el fiscal por lo que no podían recurrir, pero sí adelantaron que intentarán conseguir el tercer grado para ellos. Está previsto que también ingresen en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre los ex concejales Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez.

Por esta misma causa, el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y cuatro ex concejales de la localidad fueron también condenados a un año de prisión y a diez de inhabilitación. El también ex concejal José Luis Fernández Garrosa, condenado a nueve meses, se encuentra en prisión por otro procedimiento anterior, en el que fue condenado a una multa que no pagó y por tanto se ha ejecutado la cárcel como pena subsidiaria.

En el caso se enjuiciaron los hechos relativos a la concesión de varias licencias por parte del Ayuntamiento a la empresa Algabamar II entre 1998 y 1999 para la construcción de 250 viviendas en unos terrenos calificados como rústicos y rústicos de control en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986.

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