El informe solicitado por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) sobre la posible inconstitucionalidad de las previsiones en materia de aguas de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el pasado mes de abril, asegura que seis de los ocho artículos son "inconstitucionales" porque se arrogan, entre otras cosas, competencias del Estado.

El dictamen, que será presentado el próximo miércoles y cuenta con cien páginas, ha sido elaborado por los catedráticos de Derecho Administrativo Eduardo García de Enterria y Antonio Fanlo Loras, y apunta que seis de los ocho artículos del Estatuto (del 98 al 105) en lo que se refiere al título 7 de la sección primera titulada 'Política de Aguas' son "inconstitucionales, en todo o en parte", a excepción de los artículos 99 y 105.

Así como el artículo '21.1 J' donde se reconoce el derecho preferente de los ciudadanos de Castilla La Mancha al uso de "sus recursos hídricos, como si tuviera recursos propios", además de "los cinco apartados de la disposición transitoria primera, donde se recogía la caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, entre otros".

Una ley difícil de modificar

El asesor jurídico y secretario general del Sindicato, José Manuel Claver, quiso dejar constancia, en la presentación de este informe, en rueda de prensa, que "la ley específica del Estatuto de Castilla La Mancha es una ley orgánica y que goza de una especial rigidez que lo hace de una difícil reforma".El dictamen será presentado en el

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