La Audiencia Nacional juzgará al general médico Vicente Navarro y a los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez para determinar si cometieron un delito de falsedad documental al asignar la identidad de 30 de los 62 miembros del Ejército que fallecieron en el accidente del avión Yakovlev-42, que se estrelló el 26 de mayo de 2003 en Trabzon (Turquía) cuando regresaba de una misión en Afganistán.
La Fiscalía pidió una condena de cinco años de prisión para el general médico Vicente Navarro, que se encargó de elaborar la lista de los 62 fallecidos; y cuatro y medio para los dos oficiales médicos que redactaron los informes de necropsia, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez. Al general Navarro también le solicita una multa de 50 euros al día durante 20 meses (30.000 euros) y una inhabilitación especial durante cinco años, mientras que a los otros dos mandos les reclama una cuota diaria de 50 euros durante 16 meses (24.000 euros) y un periodo de inhabilitación de cuatro años.
De la causa está excluido el general del Ejército del Aire José Antonio Beltrán, que fue imputado por la representación legal de los familiares de las víctimas pero no por el fiscal ni por el juez. Beltrán dirigió la comisión militar responsable de las identificaciones y la repatriación de los cuerpos.
Identidad arbitraria
En su escrito, el teniente fiscal detallaba la relación de 30 militares a los que presuntamente se les asignó una identidad arbitraria, tal y como corroboraron los análisis de ADN que se realizaron con posterioridad.
El Fiscal reitera, de este modo los argumentos que defendió en la vista de apelación que se celebró el pasado 15 de abril, en la que solicitó la reapertura de la causa, que había sido archivada por Grande-Marlaska el 22 de noviembre de 2007. El juez reabrió la investigación el 29 de abril "por mandato de la superioridad" y apenas unas horas después de que la Sala de lo Penal le obligara a adoptar esta medida.
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