La Fiscalía y las familias de las 62 víctimas del accidente del Yakolev-42 que se estrelló en Turquía en 2003 han defendido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que se reabra la causa sobre la identificación de los cadáveres de los militares fallecidos al creer que hay "suficientes indicios" de que se falsearon treinta de las identidades.
El fiscal de la causa, Fernando Burgos, ha sido el primero en intervenir en la vista sobre los recursos de apelación presentados por el Ministerio Público y los representantes de las familias contra el archivo de la investigación que dictó el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado 11 de enero, al considerar que no se alteró la verdad en los "elementos esenciales".
Durante su intervención, Burgos ha acusado al general de Sanidad
Vicente Navarro de elaborar la lista con los militares muertos en el accidente ocurrido en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo de 2003 y
"rellenar" de forma arbitraria y "caprichosa" los treinta
espacios en blanco que había en esa relación de nombres y que correspondían a los de los militares que las
autoridades turcas no pudieron identificar.
Cuando dos días después del accidente, ha señalado Burgos, el último avión con los cadáveres llega a la base militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) aquella lista estaba completa, con la totalidad de los 62 militares identificados. Burgos ha acusado también del mismo
delito de falsedad documental continuada al comandante médico
José Ramírez y al capitán médico
Miguel Saez porque fueron los que hicieron un
informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.
Las familias acusan a otro militar del mismo delito, el general
José Antonio Beltrán, porque fue el coordinador de la operación de recuperación de los cadáveres y su repatriación enviado expresamente por el entonces ministro de Defensa,
Federico Trillo, según ha alegado uno de los abogados de los familiares.
Por parte de los
imputados, sus abogados han rechazado su participación en las tareas de identificación y han coincidido en que los certificados médicos de defunción firmados por el general Navarro en Torrejón de Ardoz son
documentos válidos que "producen efectos jurídicos".
El abogado del general Navarro ha señalado que él
firmó todos los certificados de defunción y que "no faltan a la verdad". De los otros dos miembros del equipo forense, su defensa ha argumentado que "es difícil montar un delito de falsedad con cadáveres" porque esto "no se contempla en el derecho penal". Por todo ello
han rechazado que se reabra la investigación y que se vaya a juicio.
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