La cesiónd e agua del Ebro a Barcelona no se puede denominar trasvase, según el informe jurídico encargado por la DGA. De este modo, el estudio confirma los informes del Estado, de los que «no discrepa en lo fundamental», según explicó el presidente de Aragón, Marcelino Iglesias.

El informe constata que la cesión no puede considerarse ni trasvase ni «transferencia de recursos hídricos»,

También señala que la infraestructura prevista desde Tarragona hasta el área metropolitana de Barcelona no afecta a la comunidad autónoma de Aragón ni a la demarcación hidrográfica del Ebro. De ahí que el Gobierno de Aragón asegure que no cree justificada la presentación de un recurso de inconstitucionalidad.

A pesar de todo, oposición y colectivos sociales y ecologistas criticaron ayer la cesión de agua por considerarla «apresurada e interesada», según explicó Ecologistas en Acción. CHA considera que es un precedente «peligroso».

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