La orden de paralizar la comercialización del aceite de girasol, dada este viernes por el Ministerio de Sanidad, tiene su antecedente más inmediato en la retirada del aceite de orujo de oliva, en julio de 2001.
En aquella ocasión, el Ministerio de Sanidad, dirigido por Celia Villalobos, alegó motivos de salud pública para adoptar esta medida, después de que varios análisis detectaran la presencia de un hidrocarburo -benzopireno- en ese tipo de aceite.
Durante la legislatura del PP
El Gobierno del PP defendió la medida argumentando que el consumo de benzopirenos podía entrañar un "peligro grave" para la salud humana, aunque "no inmediato". Desde los partidos de la oposición y las asociaciones de productores y distribuidores se acusó al Gobierno de improvisar y de actuar de forma precipitada.
En julio de 2007, el Tribunal Supremo declaró ilegal la resolución que ordenó la retirada del aceite de orujo, ya que se amparó en una consideración genérica y no en un riesgo cierto. A consecuencia de la alarma generada por la retirada, el consumo mensual de aceite de orujo pasó de entre 6.000 y 7.000 toneladas en 2001 a 3.000, tres años después.
El caso más grave
Sin embargo, la crisis más grave relacionada con el consumo de aceite en España tuvo lugar a comienzos de los años ochenta, cuando fallecieron más de setecientas personas después de consumir aceite de colza desnaturalizado con anilina, que se importó de Francia para uso industrial, pero que luego se distribuyó para consumo humano.
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