El plan comprende, entre once medidas, la devolución de 400 euros por contribuyente prometida por José Luis Rodríguez Zapatero, ayudas para las familias con hipotecas, una agilización de la devolución de impuestos para empresas a partir de 2009 y ayudas fiscales para la rehabilitación de viviendas.
El ministro de Economía, Pedro Solbes, dijo que el paquete podría tener un impacto positivo de entre un 0,2 y un 0,3 por ciento en el Producto Interior Bruto (PIB) de 2008.
No obstante, agregó que ante los indicios de una fuerte ralentización de la economía desde comienzos de año, el Gobierno no esperará a junio para realizar la revisión tradicional del cuadro macroeconómico.
'Visto el cambio, no esperaremos hasta el mes de junio para dar nuevas previsiones', dijo Solbes.
Actualmente la previsión oficial del PIB para el año es del 3,1 por ciento.
LOS 400 EUROS, CLAVE
La pieza clave será la deducción de los 400 euros, que supone una reducción de los impuestos de 6.000 millones de euros y que empezará a notarse a partir de junio, según el Ministerio.
Entre las medidas, que fueron adelantadas durante la campaña electoral y en el debate de investidura de Zapatero, figuran también un plan de recolocación para trabajadores de la construcción debido a la crisis del sector residencial y un aumento de la actividad de obra pública.
Otra medida es que las familias españolas podrán ampliar gratis el plazo de devolución de su hipoteca si ésta es de primera vivienda. La medida, que entrará en vigor en mayo y se extenderá durante los dos años posteriores, todavía está pendiente de acuerdo con las entidades financieras.
El Gobierno también pretende potenciar la inversión extranjera eliminando impuestos a los intereses de deuda pública y otros valores de renta fija para los no residentes.
También reforzará los caudales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la adquisición de vivienda protegida en 2.000 millones de euros, para 'dar fluidez a los mecanismos financieros que faciliten la adquisición (...) temporalmente entorpecidos por los problemas financieros en el ámbito internacional'.
El Estado construirá 150.000 viviendas protegidas cada año, según el plan, y podrá revisar trimestralmente la inversión destinada a obra pública.
La aprobación de este paquete se produce en un momento de brusca ralentización de la economía debido a la crisis inmobiliaria en España y los problemas de liquidez en los mercados financieros internacionales que han repercutido negativamente en la confianza de los hogares y en el consumo.
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