El Gobierno de Aragón, tras una reunión extraordinaria, ha reiterado su oposición al trasvase de aguas del Ebro y ha decidido encargar a sus servicios jurídicos la elaboración de un informe para determinar si el proyecto de transferencia de agua a Barcelona es jurídicamente un trasvase.

Es una de las tres medidas adoptadas por la DGA, tras el acuerdo del Gobierno central y la Generalitat para trasvasar agua procedente de los excedentes de los regantes del Delta del Ebro al área metropolitana de la capital catalana.

Los consejeros de Medio Ambiente y Presidencia, Alfredo Boné y Javier Velasco, han señalado que el Gobierno aragonés ha acordado instar a la administración general del Estado a que aporte con carácter de urgencia toda la información sobre el proyecto, del que tienen conocimiento "sólo por los medios de comunicación".

Además, la DGA instará a las Cortes de Aragón, como medida preventiva, a que se inicie la elaboración del informe preceptivo previsto en el artículo 72.3 del Estatuto de Autonomía, poniendo a su disposición los medios técnicos del Gobierno.

El artículo 19.3 del Estatuto de Autonomía obliga a los poderes públicos de la comunidad a "velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad".

El Gobierno de Aragón ha recordado que, en aras al respeto a la unidad de cuenca, la Administración General del Estado "no puede adoptar acuerdos con una comunidad autónoma de forma bilateral que puedan afectar a otros territorios".

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