El exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y otros tres exconsellers han recurrido este lunes su encarcelamiento ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que el pasado jueves decretó su ingreso en prisión por los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos en relación al denominado 'procès' independentista.

Según han confirmado fuentes de la investigación, Andreu Van Den Eynde, abogado de Junqueras y de los exconsellers Carles Mundó, Dolors Bassa y Raül Romeva, ha presentado sendos escritos ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 en el que solicita la libertad de los políticos catalanes, que se encuentran en las prisiones de Estremera, en el caso de los varones, y de Acalá Meco en el caso de Bassa.

En sus recursos, el letrado rebate los argumentos de riesgo de fuga, reiteración delictiva y ocultación de pruebas en que se basó la magistrada para dictar prisión y arremete contra la querella que la Fiscalía presentó contra ellos, que según el abogado no es más que una "curiosa interpretación novelada de lo sucedido en Cataluña en los dos últimos años".

En el caso de Junqueras, alega que su encarcelamiento vulnera su derecho "a la participación política" en las elecciones del 21-D y que el Govern no ha emprendido "ningún acto ejecutivo" desde su cese, por lo que no existe riesgo de reiteración delictiva.

Por ese motivo, la defensa de los exconsellers también ha recurrido la decisión de la juez de admitir a trámite la querella de la Fiscalía, así como la fianza de 6,2 millones de euros que la magistrada fijó a los miembros del Govern cesados, que la defensa cree es "prematura" e infundada, porque no hay prueba de que se gastara esa cifra en la celebración del referéndum.

También la defensa de los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs y Joaquim Forn ha presentado este lunes un recurso ante la jueza Carmen Lamela contra su ingreso en prisión preventiva, según ha informado su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas.

Por su parte, Pau Molins, abogado de Santi Vila, ha anunciado que este martes presentará un recurso contra la decisión de la juez instructora de enviarlo a prisión preventiva, eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Para el abogado de Junqueras y los exconsellers de ERC, el ingreso en prisión de los exconsellers es "desproporcionado" y puede provocar un "daño reputacional" sobre ellos en vísperas del 21-D, además de "afectar los principios que inspiran todo proceso electoral".

"No hay duda alguna de que los investigados son candidatos potenciales a las elecciones y que si no estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral", según el recurso, que mantiene que la prisión provisional de los exconsellers "lesiona su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política".

Los abogados esgrimen además el "arraigo familiar" de los exconsellers, lo que a su parecer descarta el riesgo de fuga, así como la "actitud institucional plenamente colaborativa" que mostraron al acudir a declarar ante la juez, lo que "denota un altísimo nivel de servicio público e institucional donde el valor de la dignidad personal de cada uno de los encausados debe ser reconocido, más allá de discrepancias ideológicas".

Para el letrado, tampoco hay riesgo de reiteración delictiva, teniendo en cuenta que los investigados, "a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña", acudieron a declarar "ya como exconsejeros" y que el Parlament quedó disuelto en aplicación del artículo 155.

Asimismo, subraya la defensa, el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre", en que la cámara catalana aprobó la declaración de independencia.

El abogado rechaza los delitos de rebelión y sedición que se atribuyen al Govern y reprocha a la Fiscalía que intente "sin éxito" vincular el proceso de autodeterminación de Cataluña a hechos "de signo violento o coactivo, mediante alambicadas interpretaciones".

Los recursos esgrimen además una "clara vulneración del derecho de defensa" por que la juez se negara a suspender la declaración de los investigados, pese a que el tiempo que tuvo la defensa para prepararse fue "objetivamente insuficiente", y por que se iniciaran las comparecencias sin que el abogado estuviera presente, ya que se encontraba asistiendo a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un "señalamiento preferente" en el Tribunal Supremo.

La magistrada Lamela acordó, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, el ingreso en prisión sin fianza para Oriol Junqueras y otros ocho exconsellers ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Todos ellos, a excepción de Santi Vila, se negaron a responder a las preguntas del Ministerio Público centrando el interrogatorio en las cuestiones planteadas por sus abogados.

En su auto, de 19 páginas, la juez señaló que adoptaba esta medida cautelar porque su poder adquisitivo les permite "abandonar fácilmente el territorio español y subsistir en el extranjero". También cobró especial importancia para la juez el cargo público ostentado por los acusados gracias al cual impulsaron el proceso independentista, según expuso.

También les recordó que algunos querellados en esta causa que investiga la Audiencia Nacional ya se han desplazados a otros países "eludiendo las responsabilidades penales" en las que puedan haber incurrido, en clara referencia aunque sin citarle al expresidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros que permanecen en Bruselas.

Junqueras y el resto de exconsejeros se enfrentan a penas que pueden alcanzar los 25 años de prisión por delito de rebelión, quince por sedición y ocho años por delito de malversación, que puede elevarse incluso a diez en caso de que se haya producido falseamiento de la contabilidad.

El pasado viernes, Andreu Van den Eynde, el abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de los exconsellers de ERC, denunció a su salida de la prisión de Estremera que las condiciones de traslado de los acusados "no fueron las adecuadas".