El expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros, que le acompañan desde la semana pasada en Bruselas, quedaron este domingo por la noche en libertad con medidas cautelares impuestas por la justicia de Bélgica, entre ellas la prohibición de salir de ese país sin permiso. A los cinco se les ha impuesto la obligación de comunicar una dirección de residencia y tendrán que asistir personalmente a cada una de las audiencias a las que se les convoque.

El juez tiene ahora hasta quince días para volver a convocarlos en el tribunal de primera instancia de Bruselas, que decidirá sobra la euroorden de entrega que cursó el viernes la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) se personaron en sede policial en Bruselas a las 09.17 hora local (08.17 GMT) del domingo. A lo largo de toda la la tarde se tomó declaración, de uno en uno, a los cinco exmiembros del Govern catalán. La ley belga establece que el juez de instrucción debe decidir en un plazo de 24 horas a partir de su arresto sobre los pasos a seguir, esto es, si acepta tramitar la euroorden y si los acusados debían continuar en prisión o si eran puestos en libertad bajo condiciones.

Además, el juez instructor podría considerar que la información contenida en la orden de detención no es suficiente y requerir el envío de información complementaria. La ley belga establece una serie de motivos por los que la orden puede ser rechazada, como por ejemplo la existencia de razones para creer que su ejecución tendría como efecto una vulneración de los derechos fundamentales de la persona reclamada.

Si la euroorden fuera aceptada por Puigdemont y los exconsellers, se procedería a su entrega a las autoridades españolas en un plazo máximo de 15 días, pero el abogado en Bélgica del político catalán, Paul Bekaert, ha anunciado que la recurrirá, con lo que la entrega podría demorarse hasta 60 días.

La jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decidió el viernes cursar una orden europea de detención contra el expresident catalán Carles Puigdemont y los exconsellers. Los cinco se encontraban en Bruselas (Bélgica) y no acudieron a declarar este jueves ante el tribunal, pese a estar citados como presuntos autores de los delitos de rebelión, sedición y malversación en la causa por el proceso independentista en Cataluña.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dictó dos autos diferentes, uno dirigido a la Fiscalía General belga para que fueran detenidos en dicho país y otro de busca y captura internacional por si se encontraran en otro lugar.

Pedía que fueran detenidos por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos a los que añadió prevaricación y desobediencia. La Fiscalía pidió la detención de todos ellos ante el "caso omiso" a las citaciones.

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 dictó estas órdenes un día después de acordar el ingreso en nrisión incondiconal del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y de otros siete exconsellers investigados en la misma causa ante alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga. En su auto, la jueza incidía en la incomparecencia de los ahora buscados como una de las razones de la imposición de la medida cautelar a sus excompañeros de Gobierno, ante el peligro de que puedan eludir la acción de la Justicia.

El viernes, las euroórdenes se insertaron también en la oficina Sirene, el sistema de información Schengen para comprobar los movimientos de delincuentes en los pasos fronterizos de Europa.

La magistrada además rechazó la petición formulada por Puigdemont y otros exconsellers de prestar declaración por videoconferencia porque, según explica en sus resoluciones, no concurren ninguno de los casos para autorizar esta medida.

Apuntó además que para la celebración de la vistilla de medidas cautelares era necesaria la presencia de los querellados.

En este sentido, resaltó que se trata de cinco querellados que hasta el 28 de octubre "han formado parte del Govern y por tanto tenían su domicilio en España", por lo que viajaron a Bélgica con la única finalidad de eludir las posibles responsabilidades que pudieran tener en España".

Una euroorden es una resolución judicial que se dicta en un país de la UE y que persigue la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona reclamada por la justicia. Se cursa para que dicha persona se enfrente a un juicio o para ejecutar una pena o el cumplimiento de una condena (en principio, no para un interrogatorio).

Es la versión ágil de la extradición y con ella hay una cooperación "directa" entre autoridades judiciales. Los trámites son más sencillos y solo hace falta un único documento, un formulario; se aplica en España desde 2004.

Este procedimiento suprime en algunos supuestos el principio de doble incriminación: aunque en el segundo el país no esté tipificado como delito el que se le imputa al reclamado, no se denegaría la entrega.

Esto ocurriría, por ejemplo, en los delitos de terrorismo, corrupción, secuestro, falsificación, etc. (no están en la lista la rebelión y la sedición). Y también en aquellos delitos para los que la ley penal belga prevea una pena o medida de seguridad privativas de libertad máxima igual o superior a tres años.

Consulta el auto íntegro de la jueza Lamela: