Una Cataluña independiente tendrá un marco fiscal más favorable para la economía productiva. Así se desprende de un documento del Departamento de Economía al que ha tenido acceso la agencia ACN donde se proponen incentivos fiscales para atraer empresas como la mejora del tratamiento fiscal de las pymes o bien la reforma del impuesto de sociedades.

Además, calculan que la Hacienda de una posible república catalana ingresaría 24.000 millones de euros más para la recaudación de los impuestos estatales que se pagan en Cataluña (IRPF, Impuesto de Sociedades, IVA, etc.). El Govern también prevé que si el mercado energético catalán dejara de depender del español podría bajar los precios de la energía tanto para los consumidores domésticos como para las pymes, ya que dejaría "estar condicionada por el oligopolio que domina el mercado español y del coste de amortización de las grandes inversiones sobredimensionadas ". Por otra parte, también se prevé la creación de un Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que ayude a las pymes a diversificar su financiación.

La independencia, según el documento del Departamento de Economía al que ha tenido acceso la ACN, es una "oportunidad para mejorar a medio plazo las condiciones de mercado entre las que se han movido las empresas hasta el día de hoy" . En este sentido, se cree que una Cataluña independiente tendría un marco fiscal más favorable a la economía productiva, que debe permitir "el estímulo de nuevas inversiones, la creación de empleo y la dinamización del denso tejido de microempresas y pymes sobre las que pivota una buena parte del PIB de Cataluña ".

Entre los incentivos fiscales que prevé el Gobierno, se encuentra la reformulación del impuesto de sociedad en el sentido de prever deducciones para ganar "eficacia, neutralidad y transparencia en su configuración"; la mejora del tratamiento fiscal de las pymes y empresas intensivas en conocimiento; o la mejora del tratamiento fiscal de los beneficios reinvertidos en la propia actividad. El Gobierno aclara que estas medidas de política fiscal tendrán en cuenta el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que prevé "evitar la discriminación entre empresas y la distorsión de la competencia".

Según queda plasmado en el documento, este nuevo marco fiscal contará con un margen fiscal que supondrá que la hacienda de la Cataluña independiente ingresaría "24.000 millones de euros más para la recaudación de los impuestos estatales que se pagan en Cataluña (IRPF, impuesto sociedades, IVA, etc.), que superarían ampliamente los aproximadamente 10.500 millones de euros de mayor gasto que supondría la asunción de las nuevas funciones que deberíamos desarrollar como Estado ".

Por otra parte, el Gobierno también prevé una mejora de la regulación del mercado eléctrico en una Cataluña independiente. Según el documento, el sistema eléctrico catalán está integrado en el mercado español y, por tanto, "está totalmente regulado por la legislación española". El mercado español se caracteriza por ser "oligopólico, con cinco grandes holdings que poseen o controlan las tres actividades en el mercado español", un hecho que se le suma una "elevada capacidad de producción infrautilizada, falta de interconexión con Europa y una deuda acumulado de déficit tarifario de más de 30.000 millones de euros desde mediados de los años 90 ".

Como consecuencia de esta situación, asegura el Gobierno, los precios de la energía son "sensiblemente superiores" a los países del entorno. De hecho, en el documento se constata que los usuarios domésticos y las industrias pequeñas y medianas vieron cómo se encarecían las facturas un 65% y un 100% respectivamente entre 2008 y 2014. Los usuarios domésticos pagan actualmente "un precio un 10 % más caro que el precio medio para los usuarios domésticos del resto de la UE-28 ", mientras que las pequeñas y medianas industrias pagan para la electricidad un precio un" 44% más caro que el resto de la UE ". Por el contrario, las grandes industrias pagan por la electricidad, según el documento de Economía, "un 20% menos de lo que pagan de media los usuarios del mismo tamaño de la UE-28".

En este sentido, el Departamento de Economía constata que la mayoría de usuarios industriales de energía en Cataluña son industrias de tamaño pequeño y mediano, de manera que una Cataluña independiente podría dar respuesta a los problemas específicos que afectan el mercado catalán y su competitividad "sin estar tan condicionada por el oligopolio que domina el mercado español y el coste de amortización de las grandes inversiones sobredimensionadas". También consideran que Cataluña "podrá poner en práctica más rápidamente la estrategia europea de la Unión de la Energía, que tiene como objetivos el aumento de la seguridad energética, la accesibilidad o la implementación del mercado interior de la energía".

El Gobierno también prevé impulsar un Mercado Alternativo Bursátil (MAB) propio que ayude a las pymes a diversificar su financiación. El ejecutivo catalán critica que el MAB español tiene una "reducida liquidez" y unas condiciones de acceso "enfocadas a grandes empresas". El MAB es un mercado de valores dedicado a empresas de capitalización reducida que buscan expandirse y facilita una regulación a medida diseñada para este tipo de empresas. El Gobierno cree que la Bolsa de Barcelona, que ha ido perdiendo funciones dentro de la estructura de la Bolsa de Madrid (BME), podría ganar nuevas funciones dentro del nuevo MAB.

Por otra parte, también prevé una diversificación de las fuentes de financiación empresarial. El Gobierno lamenta que las pymes catalanas tienen "muchas más dificultades" para acceder a financiación y, las que acceden, "lo hacen en peores condiciones que las principales empresas competidoras de otros países europeos". El ejecutivo catalán lo atribuye al marco regulador estatal de los servicios financieros. Por ello, el documento apunta que es clave la mejora del acceso a la financiación de las pymes mediante la emisión de acciones y el desarrollo de formas alternativas de financiación, como la microfinanciación colectivo (crowfunding).

También se considera clave el desarrollo del sector Fintech (Financial Technology) para mejorar el acceso a la financiación de las empresas, pero desde el Gobierno se lamenta de que su desarrollo "está limitado por obstáculos que en gran parte provienen de las legislaciones de los estados y el español es uno de los más reacios a introducir estos cambios "el Gobierno cree que la creación de un nuevo Estado es una oportunidad para sacar adelante una" nueva regulación que facilite la desintermediación, teniendo en cuenta que Barcelona se ha consolidado en los últimos años como una capital tecnológica de referencia para emprendedores y empresas ".

En el documento elaborado por el Departamento de Economía también se deja claro que el traslado de la sede social de las empresas fuera de Cataluña "no tiene efectos reales sobre la actividad, las cuentas públicas ni sobre los clientes de las empresas". Según el Gobierno, se trata, sobre todo, "de una operación preventiva, de comunicación y mensaje político que no tendrá apenas efectos económicos". Según el documento, "los puestos de trabajo en Cataluña serán los mismos y el IVA y el IRPF asociados también". El Gobierno asegura que el coste de hacer un simple cambio legal es "muy bajo" y, por ello, "muchos analistas consideran que estos movimientos responden al deseo de estas entidades tener plena cobertura legal durante el proceso de transición, para luego posiblemente revertirlo ".

Además, en el documento al que ha tenido acceso la ACN también se asegura que el cambio de sede social no conlleva cambios para las cuentas públicas. Según el documento, el impuesto de sociedades se paga en el país donde se obtienen los beneficios, el impuesto sobre las personas físicas se paga según la residencia del trabajador y sólo el impuesto sobre actividades económicas de los ayuntamientos es el que está ligado a la sede social.