Denuncian al Gobierno ante el Supremo por incumplir la cuota de acogida de refugiados

Una manifestación en favor de la acogida de refugiados.
Una manifestación en favor de la acogida de refugiados.
EUROPA PRESS
Una manifestación en favor de la acogida de refugiados.

La plataforma Stop Mare Mortum ha presentado este miércoles ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra el Gobierno por incumplir las cuotas de admisión de refugiados.

Según ha informado una portavoz de esta plataforma, que agrupa a asociaciones en defensa de las personas inmigradas, es la primera vez en Europa que se lleva ante la Justicia a un Estado por este tipo de incumplimientos.

En su recurso, la plataforma considera que el Ejecutivo ha cometido un "flagrante incumplimiento de su compromiso con el programa de reubicación de personas en busca de refugio en Grecia e Italia".

El pasado 24 de abril, Stop Mare Mortum, con el apoyo de la Asociación Catalana de Defensa de los Derechos Humanos, presentó una solicitud de requerimiento pidiendo formalmente al Gobierno el cumplimiento de las obligaciones de acogida de refugiados, a la que el Ejecutivo no ha respondido en el plazo previsto legalmente.

Ante este silencio administrativo, la plataforma ha decidido presentar el recurso contencioso administrativo ante el Supremo "para obligar al Gobierno del Estado a respetar sus compromisos internacionales y los Derechos Fundamentales de las personas refugiadas".

El recurso solicita que la justicia "ordene al Gobierno de España que cumpla inmediatamente y con carácter urgente sus obligaciones de reubicación de las personas a las que se había comprometido a recibir".

También pide al alto tribunal, mediante dos medidas cautelares, que no se espere a la resolución de este recurso contencioso administrativo para que se produzca esta reubicación.

Stop Mare Mortum ha recordado que tanto ACNUR como el enviado especial de Naciones Unidas a Grecia han manifestado que el incumplimiento de los Estados en la acogida de refugiados agrava la situación en Grecia e Italia y condena a las personas refugiadas a vivir en "condiciones inhumanas, con desabastecimiento alimentario y falta de infraestructura sanitaria".

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