El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha afirmado que el Estado "ya ha perdido a Catalunya" y que amenaza y reprime para evitar la celebración del referéndum convocado por el Parlament para este 1 de octubre.

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 este martes, en la que también han participado la exvicepresidencia Joana Ortega y los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau, los cuatro inhabilitados por la consulta del 9N y a los que el Tribunal de Cuentas les exige el pago de una serie de fianzas.

Mas ha afirmado que la decisión tiene como objetivo "destrozar a las personas y a sus familias" y se ha preguntado si España es un Estado de derecho o un Estado policial.

Los cuatro se han reafirmado en su decisión de impulsar la consulta del 9N y han reiterado que lo volverían a hacer aún sabiendo las consecuencias que se han derivado y, en este sentido, Rigau ha pronosticado que las eventuales sentencias por el referéndum del 1-O serán similares a las del 9N.

El exconseller de la Presidencia Francesc Homs ha considerado que la sentencia del Tribunal de Cuentas es "un despropósito" pero cree que existe margen para recurrirla a instancias europeas y conseguir una eventual anulación.

Así, ha afirmado que la sentencia es "ilegal" desde el punto de vista formal y ha añadido que está pisando sus derechos individuales.

Han emplazado a la sociedad catalana a seguir realizando aportaciones a la caja de solidaridad habilitada por las entidades soberanistas para poder hacer frente a las multas derivadas por la organización tanto de la consulta del 9N como a las eventuales sanciones que se deriven del referéndum del 1 de octubre.

Mas ha reconocido que sin estas aportaciones no podrán hacer frente a la sanción del Tribunal de Cuentas pero ha apuntado que las aportaciones también deberán servir para "las consecuencias del 1-O".

Este lunes, las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, informaron que han recaudado cerca de dos millones de euros para su Caja de Solidaridad, que debe servir para sufragar las acciones del Estado contra el independentismo que conlleven penas económicas.