El pasado lunes, la Audiencia de Madrid absolvió a los 30 procesados del caso Guateque tras dar por nulas todas las pruebas practicadas durante la instrucción. La Audiencia considera que la grabación que dio origen a la investigación de la que es considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, se hizo sin autorización del juez.

En la sentencia los magistrados de la Sección Segunda explican que el origen del procedimiento judicial se fundamentó en una "supuesta grabación espontánea" hecha el 6 de marzo de 2007 por un ciudadano por su cuenta y por sus propios medios, sin haberse puesto en conocimiento del juzgado. Además, los magistrados aseguran que la Guardia Civil actuó de "mala fe".

Los imputados por el caso Guateque formaban parte de la considerada como la mayor trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, durante el mandato de Alberto Ruiz-Gallardón, dedicada a la concesión de licencias municipales a locales de ocio a cambio de sobornos.

La Fiscalía pedía entre seis meses y 31 años de prisión para los treinta acusados por delitos de cohecho, prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.

La lista la forman empresarios y 19 funcionarios de rango medio del consistorio, destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en Medio Ambiente, y no hay ningún político encausado.

Los magistrados les absuelven al considerar que ha quedado demostrado que en contra de la versión sostenida en el atestado de la Guardia Civil, fueron miembros de la Unidad Orgánica de la Comandancia del Cuerpo de Madrid quienes entregaron al denunciante una grabadora de pequeñas dimensiones y una cinta magnetofónica, y no fue el denunciante de motu propio.

Lo hicieron con la finalidad de que grabara una conversación en el despacho profesional de la persona que realizaba los proyectos técnicos en sus negocios de hostelería, con quien mantenía una antigua relación de confianza. Ni la grabadora ni la cinta con la conversación fueron entregadas en el juzgado de instrucción.

"Los agentes de la Guardia Civil actuaron de mala fe, estando encaminada su intervención a la obtención de una fuente de prueba mediante una acción vulneradora del derecho a la intimidad, tratándose de una infracción deliberada para conseguir la iniciación del proceso penal", señala la resolución.

Este hecho inicial tiene, en consecuencia, una "eficacia contaminante sobre el resto de las pruebas practicadas", también en relación con las de confesión efectuadas por varios acusados, al estar directamente relacionadas con el resultado de las intervenciones telefónicas que consideraron válidas y que han resultado nulas.

Con todo, el tribunal recuerda que la sentencia no es firme y contra la misma cabe interponer recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo en el plazo de cinco días.

El jefe de la investigación policial, José Luis Cebrero, se ha mostrado "sorprendido" por la sentencia y ha asegurado que "efectivamente hay una intervención de un señor que estaba harto de sacar dinero para obtener licencias y grabó a uno de los que le estaba proponiendo el dinero que tenía que dar a determinados funcionarios para obtener la licencia".

Cebrero ha aclarado que "una vez que consigue la grabación, el señor la entrega en la Guardia Civil y concretamente se la pasan a él", quién rápidamente "se la entregó al juez". Además el jefe de la investigación ha reiterado que "cuando el testigo va a la Guardia Civil ya va con su grabación y la realiza con sus propios medios".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido este martes que no se generalice "de manera crítica" contra la Guardia Civil o la Policía por esta sentencia.

Zoido ha reivindicado que este es un momento "para hacer valer el Estado de Derecho" aunque "en ocasiones pueden reunirse en el tiempo determinados hechos que hace que se ponga en duda" la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Naiconal.

Pese a ello, ha dicho que "con sentencias de este tipo" no se puede "generalizar de manera crítica" su labor y ha abogado por la división de poderes, los controles de legalidad y la agilización de la Justicia.