La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el archivo de la investigación al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato por presunto blanqueo de dinero procedente de empresas privatizadas cuando era ministro, al considerar que los supuestos delitos achacados por la Guardia Civil no han prescrito.

El pasado 26 de mayo, el juez Antonio Serrano-Arnal archivó provisionalmente la investigación sobre Rato por supuesto blanqueo de dinero, cohecho y malversación de fondos públicos al considerar que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado basó su denuncia en "sospechas sin sustento".

En el auto, el magistrado se opuso a seguir con las pesquisas instadas por la UCO, que alertó de que empresas privatizadas cuando Rato era ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros por campañas de publicidad en medios a través de sociedades presuntamente vinculadas a su familia.

Serrano-Arnal argumentaba que no existían indicios "más allá de la sospecha" de que el exvicepresidente del Gobierno tuviera la "exclusiva potestad" de nombrar a personas afines a él al frente de las empresas privatizadas, ya que estos nombramientos "estaban sujetos a una aprobación colegiada, examinada y razonada", tanto en las compañías como en el Consejo de Ministros.

También negaba la existencia de un posible delito de malversación de caudales públicos en torno a Paradores, al no haberse detectado ninguna irregularidad en sus cuentas y tener un régimen mercantil independiente de la Administración pública.

En relación con los delitos fiscales en los que habría incurrido Rato para blanquear, el magistrado señalaba que su obligación era investigar hechos concretos, no conjeturas ni indicios basados en sospechas.

Y ahora Anticorrupción pide que se reabra la pieza porque es necesario practicar diligencias penales y procesales; además, rechaza que la Fiscalía base su acusación en una "mera hipótesis criminal" sino que se fundamenta en una "hipótesis de trabajo derivada de indicios llamativos de la instrucción", que no pueden sino llevar a la conclusión de que hubo delito. Tampoco acepta que haya prescrito el delito de cohecho, y "aunque lo estuviera, su prescripción no opera como 'barrera' del ulterior blanqueo".

Por lo que respecta a la facturación que sociedades vinculadas con Rato recibieron de empresas privatizadas, la Fiscalía señala que cabe atribuir a estos hechos la consideración de "cohecho cometido mediante dádiva o regalo".

En cuanto a la relación con Paradores, recuerda que "una sustracción superior a los 2 millones de euros entre 2002 y 2004 implica la agravación punitiva del delito de malversación", que según el Código Penal en vigor no está prescrito.

Para el tipo de operativa presuntamente desarrollada por Rato y dadas las cantidades defraudadas, la Fiscalía sostiene que debe aplicarse la prescripción a los quince años, ya que el último acto se habría cometido en 2014.

Anticorrupción cree que resulta evidente que la entrada de dinero desde el extranjero hacia cuentas en sociedades españolas "sugiere" un retorno al circuito comercial legal de cantidades ilícitas que fueron residenciadas fuera de España para eludir su conocimiento por parte de las autoridades españolas.