El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha pedido al Tribunal Supremo que revoque su condena de dos años de inhabilitación por mantener la consulta soberanista del 9-N de 2014 y, en caso de no absolverle, que no le impida concurrir como candidato en procesos electorales.

En su recurso ante el Supremo, Mas alega que fue juzgado "en su condición de presidente de la Generalitat" en relación al "desempeño de las funciones de gobierno inherentes" a su cargo, por lo que entiende que "ninguna" de las actuaciones por las que fue condenado estaban relacionadas con las funciones propias de un parlamentario u otro puesto electo.

El expresidente catalan también argumenta que en su condena de inhabilitación por el 9-N se vulneran derechos fundamentales amparados por la Constitución como la libertad ideológica, la participación en asuntos públicos y el acceso a cargos públicos.

Por este motivo, el abogado de Mas, Xavier Melero, pide en el recurso que, en caso de no revocar la condena, se suprima de la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la referencia a que la pena de dos años de inhabilitación sea extensiva a "todo el ejercicio de cargos públicos electivos, ya sean de ámbito local, autonómico o estatal".

Melero también defiende que la condena supone para Mas "un sacrificio desmesurado del derecho a la participación en asuntos públicos y al acceso a cargos", y que restringe a millones de ciudadanos los derechos de participación directa en asuntos públicos y la libertad ideológica.

La Fiscalía ha renunciado a recurrir al Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el 9-N contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, la exvicepresidenta del Govern y consellera de Governació, Joana Ortega, y la exconsellera d'Ensenyament, Irene Rigau.

El ministerio público anunció su intención de presentar recurso el pasado 17 de marzo porque consideraba que en el proceso participativo celebrado el 9 de noviembre de 2014 también se habría cometido un delito de prevaricación.

El Supremo, no obstante, ya descartó este delito en la sentencia que emitió contra el exconseller de Presidència, Francesc Homs, también por el 9-N.

El TSJC condenó al expresidente a dos años de inhabilitación, a la exvicepresidenta a un año y 9 meses y a la exconsellera Rigau a un año y medio por desobediencia, pero les absolvió de prevaricación.

La fiscalía los acusaba de dos delitos y a mediados de marzo anunció el recurso por "coherencia procesal" con la causa contra el exconseller de Presidència Francesc Homs, que fue juzgado en el Supremo por los dos delitos.

En el momento del anuncio del recurso, sin embargo, el Supremo todavía no había emitido sentencia sobre Homs, que fue condenado unos días después a un año y un mes de inhabilitación al ser considerado autor de un delito de desobediencia grave, pero también fue absuelto del delito de prevaricación.

La Fiscalía ya ha notificado la decisión al tribunal. De hecho, había margen hasta este miércoles a las 12.00 horas para presentar recurso.