El fiscal general pone bajo control su equipo con cambios en Anticorrupción, la Audiencia Nacional y en la fiscalía de Murcia

José Manuel Maza, fiscal general del Estado
José Manuel Maza, fiscal general del Estado
EUROPA PRESS
José Manuel Maza, fiscal general del Estado

La Fiscalía General del Estado propondrá al Gobierno su 'plan renove' en varias fiscalías superiores con un total de 35 nombramientos, entre los que destacan los relevos en posiciones clave como son Anticorrupción, la Audiencia Nacional y en algunas autonomías como la Región de Murcia, en la que se investiga al presidente murciano, Pedro Antonio Sánchez.

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha propuesto al Gobierno la renovación de su equipo en la lucha contra la corrupción con el nombramiento de Manuel Moix al frente de la fiscalía especializada.

Moix, hasta ahora fiscal jefe del Supremo y fiscal jefe de Madrid durante 12 años, era el único de los siete aspirantes al puesto (vacante desde la jubilación de Antonio Salinas) que no pertenecía a Anticorrupción y asumirá el puesto clave en el órgano especializado que lleva investigaciones de casos como Bankia, Pujol, Púnica, Bárcenas, Nóos, Gürtel, la investigación a CDC, Nummaria, Blesa, los ERE de Andalucía, De la Serna y Rumasa, entre otros.

Otra de las decisiones adoptadas tras el Consejo Fiscal de este miércoles es el relevo de Javier Zaragoza, tras diez años en el cargo al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, cargo que pasará a ocupar su número 2 Jesús Alonso, teniente fiscal de esa Fiscalía y portavoz de la Asociación de Fiscales, de tinte conservador.

También habrá caras nuevas en la Unidad de Apoyo (órgano de gran relevancia en el funcionamiento interno de la Fiscalía) y en la que José Luis Bueren será sustituido por Francisco Moreno.

En materia autonómica, destaca el relevo en la fiscalía superior de la Región de Murcia, en la que Manuel López Bernal llevaba a cabo la investigación del caso Auditorio en el que se investiga al presidente del PP de Murcia y actual presidente de la región, y colocará en su lugar a José Luis Díaz Manzanera. La decisión, muy polémica, lleva aparejada la denuncia de presiones por su lucha contra la corrupción por parte del propio Manuel López Bernal, tal y como ha relatado en la Cadena Ser este jueves.

Y también los nombramientos en País Vasco y Andalucía de Carmen Adán por Juan Ramón Calparsoro y Ana Tárrago por Jesús María Calderón, respectivamente.

Mismas caras en Medio Ambiente, Urbanismo y en el Supremo

No habrá cambios en la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, en la que seguirá Antonio Vercher, ni en Seguridad Vial (Bartolomé Vargas), ni en Criminalidad Informática (Elvira Tejada), ni en Cooperación Penal Internacional (Rosa Ana Morán), ni en Extranjería (Joaquín Sánchez Covisa) ni en Antidroga (José Ramón Noreña).

También seguirán en el Supremo como fiscal de Sala jefe de lo Penal Ignacio Campos y, de lo Social, Pilar Barrero. Tampoco hay novedades en las fiscalías superiores de La Rioja (Enrique Stern) o Castilla-La Mancha (José Martínez).

Ahora, el fiscal general del Estado comunicará al Consejo de Ministros sus propuestas para que se realicen formalmente los nombramientos.

Caso Púnica

Por otra parte, Maza comparecerá el próximo 1 de marzo en el Congreso de los Diputados para explicar si recibió presiones políticas para no acusar al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.

Maza comparecerá a petición del grupo socialista y de Ciudadanos, quienes reclamaron su comparecencia urgente a raíz de que la Fiscalía se opusiera a la investigación a Sánchez, en contra del criterio de las fiscales del caso.

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló que dicha comparecencia es un "ejercicio de transparencia y disponibilidad". "Me parece que hace bien porque estoy seguro de que se fijará la posición de la Fiscalía General del Estado", ha dicho Catalá durante la rueda de prensa posterior a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha reunido con representantes de las comunidades autónomas que tienen esta competencia transferida.

El fiscal general ya explicó públicamente que no recibió ningún tipo de presión y explicó que se apoyó en criterios técnicos, al considerar que Pedro Antonio Sánchez no incurrió en responsabilidad penal alguna por intentar contratar los servicios de la trama Púnica para mejorar su reputación, ya que esos contratos no se firmaron y no hubo daño a las arcas públicas.

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