El pleno del Ajuntament de Barcelona aprobará hoy, con el apoyo de ERC, el Plan Especial de Alojamientos Turísticos (PEUAT) así como el Plan de Vivienda 2016-2025, con el apoyo del grupo de CiU.

Uno de estos cambios es un aumento de los inspectores contra pisos turísticos ilegales, como solicitaba ERC. El otro, introducido después de la petición de los republicanos de consultar a los vecinos sobre los polémicos proyectos hoteleros de la Vila Olímpica, el Rec Comtal, y Drassanes, es el de estudiar hacer una consulta en el caso del primero y ampliar la participación en todos los casos.

Tras la comisión de este miércoles, el PEUAT, que pretende acabar con el turismo masivo en la ciudad y es una de las banderas de Colau, se convierte en el primer plan de peso que el ejecutivo barcelonés logra sacar adelante con acuerdo, después de que la oposición tumbara el Programa d'Actuació Municipal (PAM) y los presupuestos de 2017.

En cuanto a la ampliación del personal que inspecciona apartamentos turísticos, el documento contempla doblar este año los inspectores –de 20 a 40– y visualizadores –también de 20 a 40–, con lo que el equipo alcanzará las 80 personas.

En 2018 esta crecerá hasta los 110 trabajadores, pues está prevista la incorporación de otros 30 inspectores. "No encontraréis en ninguna otra ciudad a tantas personas destinadas a la lucha contra los pisos turísticos ilegales", afirmó este miércoles Sanz.

Respecto a la ampliación de la participación ciudadana frente a los tres proyectos hoteleros polémicos, en el caso del albergue de la Vila Olímpica, una comisión decidirá en 30 días qué acciones se pueden emprender para pararlo. No se descarta que el Ajuntament compre el edificio ni una consulta vecinal, aunque esta, apuntó Sanz, no será sobre la revocación de la licencia, porque la ley no lo permite.

Para el hotel de Drassanes, se contempla un trabajo conjunto con los vecinos para "minimizar su impacto en el entorno" y en el caso del proyecto del Rec Comtal, se celebrará una consulta ciudadana para decidir los usos de una parcela pública situada al lado.

Tras conocer este miércoles estos últimos cambios en el PEUAT y anunciar el voto favorable de ERC, el líder de la formación, Alfred Bosch, celebró que se haya hecho posible aquello que desde el ejecutivo municipal se planteaba como "imposible".

"Estamos contentos y creo que hemos conseguido que el gobierno ceda en su negativa inicial y que podamos llegar a un acuerdo que es mucho más razonable y favorable para los vecinos de Barcelona", dijo.

Estas últimas modificaciones en el PEUAT se suman a otras introducidas en las últimas dos semanas. Entre ellas está, por ejemplo, incluir más barrios en la zona donde se pretende que decrezcan los hoteles, o permitir abrir hasta 400 pisos turísticos más en la periferia. Se trata de cambios para lograr el consenso, pues Colau siempre ha remarcado la necesidad del PEUAT para controlar la oferta hotelera.

El plan establece que Barcelona solo podrá aumentar alrededor de un 8% sus plazas turísticas –ahora unas 142.000– y prevé no permitir abrir más hoteles en el centro.

Un 1,5% del parque de viviendas de la ciudad de Barcelona corresponde a viviendas públicas (unas 10.000, 6.500 de ellas gestionadas por el Patronat Municipal de l'Habitatge). Con el objetivo de incrementar este porcentaje y ponerlo al nivel de otras ciudades europeas, el Ajuntament de Barcelona ha ultimado un Pla d'Habitatge a 10 años vista (2016-2025) que presentará el próximo viernes en el Pleno municipal, y que contempla 59 medidas.

La principal es la construcción de 8.854 nuevas viviendas sociales a partir de la creación de un operador público unificado de construcción, que pasaría a llamarse Instituto Municipal de la Vivienda, que incluiría al Patronat Municipal) a partir del 30 de junio de este año. El total alcanza las 18.500 nuevas viviendas sociales en 10 años, sumando a las 8.854 que se construirán con medios municipales 4.700 fruto de la colaboración público-privada y 5.000 procedentes de compras y movilizaciones de vivienda vacía ya existente. 800 pisos se incorporarán anualmente al parque público hasta 2025, superando la media actual de 200.

Con estas medidas se quiere dar "un salto" en materia de vivienda protegida, pasando del 1,5% al 4% en los próximos años, y al 8% al finalizar el mismo en 2025. En cifras absolutas, se pasaría de las 10.000 a las 30.000 viviendas de parque público. El porcentaje estaría lejos, no obstante, del 15% que marca la Ley 18/2007 que incluye pisos de protección oficial y alquileres controlados. El modelo a emular en materia de vivienda social es similar a los de Viena, Berlín, Amsterdam o Estocolmo.