Tras intensas negociaciones y añadidos de última hora, el gobierno de Ada Colau en Barcelona logró este miércoles por la tarde en comisión dar trámite al Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT), con el apoyo de ERC y las reservas de voto de CiU, C's y la CUP. Así, todo apunta a que se aprobará definitivamente en el pleno del 27 de enero, pues entonces está prevista la abstención de la CUP.

ERC decidió apoyar el PEUAT después de que por la mañana la teniente de alcaldía Janet Sanz anunciara dos nuevas modificaciones de último momento en el plan, para acercarse a las condiciones que habían puesto los republicanos para darle su 'sí'.

Uno de estos cambios es un aumento de los inspectores contra pisos turísticos ilegales, como solicitaba ERC. El otro, introducido después de la petición de los republicanos de consultar a los vecinos sobre los polémicos proyectos hoteleros de la Vila Olímpica, el Rec Comtal, y Drassanes, es el de estudiar hacer una consulta en el caso del primero y ampliar la participación en todos los casos.

Tras la comisión de este miércoles, el PEUAT, que pretende acabar con el turismo masivo en la ciudad y es una de las banderas de Colau, se convierte en el primer plan de peso que el ejecutivo barcelonés logra sacar adelante con acuerdo, después de que la oposición tumbara el Programa d'Actuació Municipal (PAM) y los presupuestos de 2017.

En cuanto a la ampliación del personal que inspecciona apartamentos turísticos, el documento contempla doblar este año los inspectores –de 20 a 40– y visualizadores –también de 20 a 40–, con lo que el equipo alcanzará las 80 personas.

En 2018 esta crecerá hasta los 110 trabajadores, pues está prevista la incorporación de otros 30 inspectores. "No encontraréis en ninguna otra ciudad a tantas personas destinadas a la lucha contra los pisos turísticos ilegales", afirmó este miércoles Sanz.

Respecto a la ampliación de la participación ciudadana frente a los tres proyectos hoteleros polémicos, en el caso del albergue de la Vila Olímpica, una comisión decidirá en 30 días qué acciones se pueden emprender para pararlo. No se descarta que el Ajuntament compre el edificio ni una consulta vecinal, aunque esta, apuntó Sanz, no será sobre la revocación de la licencia, porque la ley no lo permite.

Para el hotel de Drassanes, se contempla un trabajo conjunto con los vecinos para "minimizar su impacto en el entorno" y en el caso del proyecto del Rec Comtal, se celebrará una consulta ciudadana para decidir los usos de una parcela pública situada al lado.

Tras conocer este miércoles estos últimos cambios en el PEUAT y anunciar el voto favorable de ERC, el líder de la formación, Alfred Bosch, celebró que se haya hecho posible aquello que desde el ejecutivo municipal se planteaba como "imposible".

"Estamos contentos y creo que hemos conseguido que el gobierno ceda en su negativa inicial y que podamos llegar a un acuerdo que es mucho más razonable y favorable para los vecinos de Barcelona", dijo.

Estas últimas modificaciones en el PEUAT se suman a otras introducidas en las últimas dos semanas. Entre ellas está, por ejemplo, incluir más barrios en la zona donde se pretende que decrezcan los hoteles, o permitir abrir hasta 400 pisos turísticos más en la periferia. Se trata de cambios para lograr el consenso, pues Colau siempre ha remarcado la necesidad del PEUAT para controlar la oferta hotelera.

El plan establece que Barcelona solo podrá aumentar alrededor de un 8% sus plazas turísticas –ahora unas 142.000– y prevé no permitir abrir más hoteles en el centro.

La plataforma Salvem les Drassanes, que es contraria al hotel y tiene el apoyo de 70 entidades, denunció este miércoles "irregularidades técnicas" en su tramitación urbanística. Según explicó su portavoz, Mario Aguiló, se han traspasado 600 m2 de suelo edificable de un bloque a otro sin hacer los cambios legales necesarios.