Un 1,5% del parque de viviendas de la ciudad de Barcelona corresponde a viviendas públicas (unas 10.000, 6.500 de ellas gestionadas por el Patronat Municipal de l'Habitatge). Con el objetivo de incrementar este porcentaje y ponerlo al nivel de otras ciudades europeas, el Ajuntament de Barcelona ha ultimado un Pla d'Habitatge a 10 años vista (2016-2025) que presentará el próximo viernes en el Pleno municipal, y que contempla 59 medidas.

La principal es la construcción de 8.854 nuevas viviendas sociales a partir de la creación de un operador público unificado de construcción, que pasaría a llamarse Instituto Municipal de la Vivienda, que incluiría al Patronat Municipal) a partir del 30 de junio de este año. El total alcanza las 18.500 nuevas viviendas sociales en 10 años, sumando a las 8.854 que se construirán con medios municipales 4.700 fruto de la colaboración público-privada y 5.000 procedentes de compras y movilizaciones de vivienda vacía ya existente. 800 pisos se incorporarán anualmente al parque público hasta 2025, superando la media actual de 200.

Con estas medidas se quiere dar "un salto" en materia de vivienda protegida, pasando del 1,5% al 4% en los próximos años, y al 8% al finalizar el mismo en 2025. En cifras absolutas, se pasaría de las 10.000 a las 30.000 viviendas de parque público. El porcentaje estaría lejos, no obstante, del 15% que marca la Ley 18/2007 que incluye pisos de protección oficial y alquileres controlados. El modelo a emular en materia de vivienda social es similar a los de Viena, Berlín, Amsterdam o Estocolmo.

El plan es fruto de un año de trabajo y de un proceso participativo. De las 196 alegaciones presentadas al mismo se han aceptado más del 75%.

El 80% de los nuevos domicilios programados se destinarán al alquiler asequible (por debajo del precio del mercado) y social (con ayudas). El regidor de Vivienda del consistorio, Josep Maria Montaner, ha presentado este jueves el proyecto, el tercer plan de vivienda proyectado para Barcelona, con el que el actual gobierno municipal de BComú pretende alcanzar "un verdadero pacto de ciudad para solucionar un problema endémico y prioritario de la capital para garantizar un derecho esencial como es el de la vivienda más allá de mandatos y equipos de gobierno".

Otro eje fundamental del plan, que se revisará anualmente, pasa por encargar la creación del nuevo parque de pisos sociales tanto al Patronat Municipal de l'Habitatge como a la colaboración con cooperativas, el cohabitatge (suelo para cesión de uso) y el trabajo conjunto con entidades sin ánimo de lucro y de lucro limitado.

También se incrementará la cuantía de las ayudas para pagar alquileres y se seguirá potenciando la mediación en casos de emergencia habitacional desde la UCER ( Unitat contra l'Exclusió Residencial), operativa desde enero de 2016.

El presupuesto con el que cuenta este ambiciosa plan de vivienda es de 166 millones de euros anuales, un 75% más de lo que se dedica a esta partida. Este año 2017 se gastarán en vivienda 188 millones de euros, 132 de los cuales son inversión directa. El plan de vivienda se aplicará distrito a distrito.

Supone un coste total de 2.973,2 millones de euros, de los que 1.666,2 millones de euros son aportación directa del Ajuntament.

El plan cuenta con los dos grupos municipales que conforman el gobierno de Barcelona (BComú y PSC) y con el de CiU. ERC se muestra en un "95% de acuerdo" con el plan, según el regidor Montaner, "más allá de lo que decidan votar, que sabemos que no será a favor". Montaner afirma que este plan se hace "desde la izquierda" en el que "el suelo no se vende sino que se cede".

Las grandes bolsas de suelo libre están en La Sagrera, la Marina del Port Vell y el 22@. En el resto de zonas se combinarán ayudas y se movilizará vivienda vacía hacia alquiler asequible y los convenios de rehabilitación con las comunidades de vecinos actuando así sobre el parque de vivienda existente.

En paralelo al censo de pisos vacíos que se está elaborando a cinco años vista se está llevando a cabo otro de pisos ocupados. Las actuaciones policiales de Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana se están realizando "con cautela", según los responsables municipales, y en algunos distritos se conoce con exactitud los pisos problemáticos y su ubicación concreta.

La "crisis de accesibilidad" a la vivienda es el principal problema con el que se encuentra la ciudad en esta materia, por delante de las ocupaciones. "No hay una ola de ocupaciones en la ciudad y los hechos delictivos son menores", ha explicado el gerente de Vivienda, Javier Burón.

El incremento de cerca de un 50% del dinero destinado a audar a familias al pago del alquiler incluirá como beneficiarias a las unidades familiares sin ingresos y que quedaban fuera de los dos planes de vivienda municipales anteriores.

A este concepto se destinarán 318 millones de euros en 10 años mientras que en el periodo 2011-2015 se dedicaron 108 millones de euros. Se espera que, cada año, unas 15.000 familias podrán recibir este tipo de ayudas, 5.000 más que las 10.000 actuales.

Otros 300 millones de euros, 30 millones anuales, el doble que los planes de vivienda anteriores, irán dirigidos a nuevas líneas de subvenciones para propietarios que necesiten rehabilitar el interior de sus viviendas, pudiendo llegar a recibir ayuda por el coste total de la obra.